Una reunión con magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sostendrán la mañana de hoy representantes de la Embajada de Estados Unidos, con el fin verificar la situación con la cancelación de visas a tres juristas de estos altos tribunales, aunque a uno de ellos, ya le fue restablecida después de constatar que se trató de un impasse.

Este hecho ha provocado toda suerte de suspicacias en un momento en que la primera de estas corporaciones tiene que decidir sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP así como la solicitud del gobierno Duque de que le permita reanudar las aspersiones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos.

Se ha conocido que en la reunión con los funcionarios de la Embajada norteamericana participarán el presidente de la Corte Suprema, magistrado Álvaro Fernando García, y de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Ortiz. Así como los togados Eyder Patiño y Diana Fajardo, integrantes respectivamente de estos altos tribunales, a quienes les fue retirada la visa para ingresar a ese país.

El tercer magistrado afectado con la decisión de Estados Unidos fue Antonio José Lizarazo (Corte Constitucional), no obstante se conoció que él hace unos días se acercó a la Embajada norteamericana para saber qué había pasado, y la respuesta que le dieron los funcionarios de ese país es que se trató de un impasse, por lo cual fue reactivada su visa.

Los magistrados afectados con esta medida han manifestado su inconformidad, no obstante sectores políticos consideran que se podría tratar de presiones indebidas de ese país a las altas Cortes en la toma de algunas de sus decisiones que le interesa, como en el caso de la objeción presidencial al artículo de la estatutaria de la JEP que establece que los terceros que se presenten ante la misma ofreciendo verdad, no serán extraditados hasta que terminen de testimoniar.

De igual manera para Estados Unidos es importante que se reactiven las fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos por su crecimiento desbordado, que se han cifrado en las 209 mil hectáreas.

Coincidentemente el magistrado Lizarazo tiene que presentar un proyecto de fallo a la sala plena de la Corte Constitucional acerca de las objeciones del presidente Duque al proyecto de ley estatutaria de JEP, después de que la Cámara las negara pero en el Senado no se lograron las mayorías en la votación para aprobarlas o improbarlas.

No obstante se espera que en la reunión de hoy de las cabezas de las altas Cortes con la Embajada se dé solución a la restauración de la visa a los magistrados Fajardo y Patiño, y se aclaren dudas sobre presuntas presiones a los jueces. Pues si bien es claro que Estados Unidos como cualquier otro país es soberano para decidir quién entra o no a su territorio, la costumbre es que altos dignatarios, como lo son estos juristas, tengan dicho derecho.

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, magistrado Eyder Patiño, dijo el pasado sábado que “eso no va a amilanarnos. La Corte siempre ha tenido una posición enhiesta (recta) a nivel social (...) siempre ha sido quien marque el derrotero ético y moral, pese a los sobresaltos que ha habido”.

Por su parte el presidente de la Corte Suprema, Álvaro Fernando García, dijo la semana pasada que esa institución “rechaza el sistemático ataque a la integridad del Poder Judicial en general y, en particular, contra algunos magistrados de la Corte Constitucional y el Presidente de la Sala de Casación Penal”.

También el viernes pasado el Consejo de Estado dijo en un comunicado que “respeta profundamente la autonomía de los estados y de sus representaciones diplomáticas en nuestro país. Sin embargo, la Corporación considera que no debe utilizarse absolutamente ningún elemento, decisión o actuación como mecanismo de presión o de represalia frente a las decisiones judiciales, por cuanto ello afecta la autonomía esencial en la actividad judicial. Bajo esta premisa somos solidarios con la autonomía e independencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia”.

Cautela

Hasta el momento el Gobierno ha sido cauto en este asunto, pues las únicas reacciones fueron el sábado pasado de la vicepresidenta Marta Lucía  Ramírez, quien aseguró que “respetamos las decisiones de cada país siempre que se tomen con criterios objetivos y transparentes”. Añadió que “mi opinión es la misma del Gobierno, el presidente Iván Duque es quien dirige las relaciones internacionales del país”.

En la Embajada de Estados Unidos en Bogotá habrá hoy una reunión de altas Cortes con funcionarios diplomáticos para aclarar el lío de visas.