Una investigación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional reveló un esquema fraudulento en el que empresas de seguridad privada facilitaban armas de fuego a cabecillas e integrantes de organizaciones criminales. Estas compañías presuntamente carnetizaban a delincuentes como escoltas y les proporcionaban salvoconductos falsos para evadir controles legales.

Empresas de seguridad implicadas en fraude y criminalidad

Las pruebas recopiladas señalan que algunas empresas alquilaban ilegalmente armas a personas con antecedentes judiciales mediante contratos fraudulentos, avalados por entes de control. Como resultado de esta operación, tres representantes legales de las compañías implicadas fueron capturados en Bogotá y Barranquilla.

Capturas y evidencia incautada

Durante los operativos, las autoridades incautaron:

• 6 celulares y 3 memorias USB

• 3.735 cartuchos de diferentes calibres

• 22 revólveres y 50 pistolas

• 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo

Los detenidos fueron identificados como Pedro Alexander Ruiz Pulido (coronel en retiro), José Omar Urrego Chitiva (capitán en retiro) y Jorge Oswaldo Castaño Galindo. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que no fueron aceptados por los acusados.

Criminales beneficiados con el esquema fraudulento

Entre los delincuentes que habrían recibido armas y protección a través de estas empresas se encuentran:

• Edgar Elicio Munévar, alias ‘El Caballista’, vinculado al narcotráfico y la fuga de alias ‘Matamba’.

• Jesús Martín Bello, también implicado en la fuga de ‘Matamba’.

• Juan Carlos Castro, alias ‘Pichi Belén’, cabecilla del grupo ‘La Oficina’ en Medellín y el Valle de Aburrá.

• Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’, exmiembro de las AUC y procesado por la fuga de ‘Matamba’.

• Oliverio Isaza Ramírez, alias ‘Terror’, exjefe del ‘Clan del Golfo’, recientemente abatido en una operación policial.

Extinción de dominio a empresas de seguridad involucradas

Paralelamente, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre bienes valuados en 1.800 millones de pesos, relacionados con este entramado ilegal. Entre los bienes afectados se incluyen:

• Dos sociedades y tres empresas de seguridad

• Tres inmuebles y un vehículo de alta gama

El proceso de extinción de dominio se activó tras la captura de Manuel Antonio Castañeda Bernal, quien transportaba 168 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Este caso pone en evidencia cómo algunas empresas de seguridad privada han sido utilizadas para favorecer actividades criminales. Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar esta red de corrupción y evitar que delincuentes sigan accediendo ilegalmente a armamento y protección.