Activos por más de dos billones de pesos han caído en las manos del organismo para extinción de dominio desde que esta organización dejó las armas, buena parte de los cuales no habrían sido reportados en el listado que entregó al Gobierno nacional en julio del año pasado, como lo establece el acuerdo de paz.

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Si la Fiscalía demuestra que los bienes que hasta el momento ha incautado a las Farc no figuran en el listado que esta organización ya desmovilizada entregó en julio pasado al Gobierno, los integrantes de la cúpula y hoy directivos del partido que constituyeron, deberían perder los beneficios jurídicos y políticos que les concede el acuerdo de paz. Así lo consideran conocedores del tema consultados por EL NUEVO SIGLO.

El acuerdo de paz establece que los exintegrantes de las Farc que se acojan a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) perderán beneficios en sus penas por no decir la verdad de su accionar en ilegalidad; esto es de la totalidad de los bienes que adquirieron de forma fraudulenta.

Tal y como lo adelantó la semana pasada el fiscal Néstor Humberto Martínez, el lunes pasado se dio a conocer por el ente acusador lo que se considera como el más grande decomiso de propiedades a testaferros de la ahora exguerrilla de las Farc.

Es así como ayer se anunció que propiedades que no estaban en los listados entregados por las Farc tras el acuerdo de La Habana, por un valor de $650 mil millones, fueron ocupado con fines de extinción de dominio y capturadas tres hermanos señalados de ser testaferros de la antigua guerrilla.

Entre los bienes a los que la Fiscalía les impuso medidas cautelares se incluye una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos colombianos, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos del país.

De acuerdo con las investigaciones, en el trabajo de campo en que colaboró el Ejército Nacional, y los testimonios de desmovilizados de las Farc, fue identificada una red de testaferros de dicha organización, que remonta sus orígenes a la antigua zona de distensión del Caguán.

En el centro de esta red se identificó a los propietarios de la cadena de Supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, que suman 60 locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).

Se trata de los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, quienes se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico.

En julio del año pasado, según lo establecido en el acuerdo de paz, las Farc entregaron al Gobierno el listado con los bienes en su poder para reparar a las víctimas. No obstante el fiscal Néstor Martínez hizo serios cuestionamientos a este reporte y además dijo que entre enero y agosto de 2017, la Fiscalía incautó bienes con fines de extinción de dominio que atribuyó a las Farc por cerca de 1,7 billones de pesos que dijo estaban en manos de testaferros.

“El documento entregado se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados, lo cual debería ser enmendado en brevedad. De lo contrario, en la práctica se buscaría hacer nugatoria la facultad de la Fiscalía de aplicar el régimen penal ordinario respecto de los bienes no inventariados, ante la imposibilidad de su determinación, amén de hacer imposible la integración del Fondo de Víctimas”, dice el Fiscal en el texto.

No obstante, Pastor Alape ripostó en esa oportunidad al Fiscal señalando que se pusieron a disposición 20.724 cabezas de ganado, un efectivo que nos “quedó en estos gastos, colocamos 2.500 millones de pesos. Colocamos 450 mil dólares y dispusimos del oro de 327 kilos más 520 gramos”.

Impacto de incautación

El jurista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, indicó que “si se llega a comprobar que ellos ocultaron bienes, recursos, dineros y que no los informaron, pueden perder los beneficios que les da la Jurisdicción Especial para Paz porque así lo establecen precisamente los acuerdos de La Habana; además se los advirtió una y mil veces el Fiscal General de la Nación y ellos negaron a boca suelta que tuvieran ese tipo de recursos. Si eso se llega a comprobar y se cumple la ley, pues deberían perder los beneficios”.

Un reto que tiene la Fiscalía para demostrar que los bienes incautados pertenecen a las Farc es desenmarañar su origen, pues hoy están en poder de testaferros.

No obstante, Arrubla dijo que “toda falsedad, todo engaño deja su rastro. Unos buenos investigadores pueden llegar a la verdad”.

Por su parte el exvicefiscal Francisco José Sintura Varela consideró que “desde el punto de vista del contenido de los acuerdos que después conducen a una serie de disposiciones normativas que son las que permiten los beneficios, éstos parten del supuesto de la verdad. Es decir, que los miembros de los grupos al margen de la ley se han comprometido a no solamente contar la verdad de los hechos criminales en que participaron para obtener los beneficios judiciales, sino que igualmente se comprometieron a no continuar delinquiendo y a entregar los bienes que proceden a título de ganancia ilícita de esas actividades”.

Sintura añadió que si el principio es el de “veracidad, la verdad no se ofrece en forma total sino parcial, pues callar también la verdad es un incumplimiento de esos compromisos y consecuentemente de las disposiciones que los obligan a manifestar cuál es la verdad”.

En tanto que el exfiscal Alfonso Gómez dijo que “de ser como lo plantea el señor Fiscal en el sentido de que hubo ocultamiento de bienes, habría que mirar si estos bienes de alguna manera, directa o indirectamente, fueron mencionados por las Farc cuando hizo el inventario”.

Indicó que “si esos bienes están relacionados directa o indirectamente por las Farc en el momento en que entrega el inventario” se asumiría que cumplieron con el deber de decir la verdad en esta materia. En sentido contrario, “si hubo un ocultamiento deliberado de otros  bienes es claro que puede darse el evento hipotético de una pérdida de beneficios”.

Añadió que “imaginaría que ese tema que acaba poner al descubierto el señor Fiscal pues debe ser objeto de análisis entre los negociadores del Gobierno y las Farc para que el tema se clarifique”.

Por su lado el representante a la Cámara, Hernán Penagos, quien fue ponente de la JEP, indicó que “sin duda que están en riesgo de perder el tratamiento especial de la justicia para la paz, y digo están porque el régimen de condicionalidad que definió la Corte Constitucional les exige la obligación de entregar los bienes y denunciar los testaferros que estén usufructuando de ellos”.

Competencia de JEP

“Es un tema de una investigación y creo que ahora el organismo competente para eso es la JEP y su unidad de investigación. Entonces la Fiscalía lo que debe hacer es enviar esa información al órgano competente para que pueda investigar y tomar decisiones”