En rueda de prensa, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, presentó los resultados tras la intervención de tres EPS y aseguró que en Sanitas se ha encontrado un incremento de gastos operativos injustificados y lo que representó una pérdida de 400 mil millones de pesos.
En ese sentido, fue evidente como la entidad prestadora de servicios de salud destinó $104.226 millones en operación de los centros médicos y centros de salud. ”Cuando la EPS recibe recursos que son públicos de la salud y que normalmente son gestionado para la administración propia, deben gestionarse y producir sus propios gastos administrativos”, señaló Leal.
Entre tanto, el superintendente explicó que Sanitas pagó 64 contratos de arrendamiento por el valor de $4.666 millones mensuales, es decir, $56 millones anuales y además, mejoras en infraestructura que no hace parte de la EPS pero que si corresponde a centros de salud que brindan servicios, quienes deberían gestionar los recursos que le son pagados para dicho propósito.
Adicionalmente, en el balance se evidencia que no hay una descripción de la población afiliada especialmente, en sus condiciones sociales, económicas, calidad de vida, patologías, factores de riesgo y riesgo materializado. Esto quiere decir que si no se identifican correctamente los problemas de salud de la población, entonces no se puede desarrollar un plan efectivo para mejorar.
Es por eso que la tasa de mortalidad y morbilidad materna se encontró en una tasa de 65, aun cuando la meta es de 35. Esto significa que el número de muertes y complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto es más alto de la normativa.
Por otra parte, se halló que hay debilidad en el reporte de RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios), pues las investigaciones determinaron que no hubo retroalimentación de sus auditorías a pesar que se contrató para ello.
Durante la interventoría, también se pudo determinar que el 76% de los contratos de la EPS se estaba haciendo bajo la modalidad de nominada ‘evento’, que es una de las más costosas y además, va en contravía del propio manual designado por la entidad, que hablaba que este tipo de contratos solo se realizarían en poblaciones inferiores a 10 mil habitantes pero se encontró que se desarrollaron en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, generando un aumento en el costo médico.
Finalmente, el superintendente señaló que el contrato establecido con la empresa Sociedad Andrés Murcia Vargas Abogados Asociados no tenía ningún tipo de justificación ni representaban beneficios para la EPS en mención.