También se registró el homicidio de un desmovilizado de las Farc

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El líder social Teodomiro Sotelo Anacona, integrante del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y del Coordinador Nacional Agrario (CNA), fue uno de los tres líderes sociales asesinados este fin de semana.

El hecho ocurrió en la finca donde residía, en la zona rural del municipio de El Tambo, departamento de Cauca.

Según organizaciones sociales y comunitarias de la región del Cauca que denunciaron ese asesinato, un grupo de hombres armados entró en el domicilio de Sotelo y le dispararon frente a su familia.

"Condenamos rotundamente el asesinato de Teodomiro Sotelo Anacona en el Cauca. Lloramos su pérdida junto a su familia y su comunidad. Nuestro llamado a que cese toda violencia por parte de todos los grupos armados", apuntó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart.

La comunidad denunció la delicada situación que se vive en la región de la cordillera del Pacífico, concretamente en el municipio de Argelia, porque además de los combates entre grupos armados se han producido saqueos en viviendas.

La situación de los organizadores y líderes sociales de las comunidades de la zona rural del Tambo está en riesgo tras las amenazas constantes de grupos irregulares. Varios líderes sociales han huido ya de la zona.

"Ya habíamos alertado a las autoridades y, hasta el momento, no se han tomado las medidas necesarias para atender esta crisis humanitaria en el Cauca, que está cobrando la vida de las personas de la comunidad", señaló en un comunicado el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

De acuerdo con las cifras que maneja la Policía y la Fiscalía, durante los primeros cuatro meses de 2020 fueron asesinados 13 líderes sociales, 43 menos de los que ha contabilizado la misión especial de la ONU.

El Gobierno también ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 de líderes sociales, de los cuales el 55% se encuentran ya bajo investigación.

Cauca

Ayer se conoció el asesinato del líder campesino Mario Chilhueso, en Buenos Aires, Cauca.

Los homicidas llegaron en la madrugada del domingo a la vereda Los Robles, de Buenos Aires, y acribillaron a Chilhueso, líder campesino del Naya y presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos  en esa región, Astcap.

También durante este fin de semana fue asesinado el campesino Andrés Adrelio Cansimanse, en zona rural del Tambo, Cauca, en la vereda Honduras, donde los homicidas llegaron a una vivienda en busca de una líder, presidenta del comité de deportes del lugar e integrante de la Asociación Nacional Campesina Coordinador Nacional Agrario (CNA), y al no encontrarla dispararon contra su esposo.

A través de un comunicado, el partido Farc lamenta informar que el día viernes 17 de abril a las 7 pm fue asesinado en el corregimiento Mandé,  municipio de Urrao, Antioquia, nuestro compañero Danilo Antonio Manco Úzuga(Rigoberto García) hijo de Pedro Luis Manco Quintero y su doña Ulva Úzuga.

La muerte de nuestro compañero y amigo, Rigoberto García, se suma a la larga lista  (195, 22 este año y 7 en época de COVID-19),  de ex guerrilleros en proceso de reincorporación asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC EP. El camarada asesinado venía adelantando su proceso de reincorporación integrado a la cooperativa multiactiva COOMANDE a través de un centro de acopio y un supermercado en el mencionado corregimiento.

Exigimos al Gobierno Nacional que cumpla su palabra y garantice la vida de los ex guerrilleros en proceso de reincorporación, tal como fue firmado en el Acuerdo de Paz. Es hora de que el gobierno demuestre en hechos lo que expresa en palabras frente al cumplimiento de lo pactado.

La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada en virtud del Acuerdo de Paz, no puede seguir limitándose a aportar cifras y detener sicarios. Es hora que le diga al país quiénes están detrás de estos crímenes contra la paz, como determinadores.

El Gobierno Nacional debe implementar ya, y de manera integral, todas las medidas acordadas en el punto sobre garantías de seguridad y combate a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.