La Procuraduría General de la Nació formalizó cargos contra la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por su presunta participación en un caso de tráfico de influencias relacionado con la salida de sus hijos del país.

Según la entidad, Vélez habría utilizado su cargo para facilitar la salida del país de sus dos hijos el pasado 18 de enero, incumpliendo los requisitos establecidos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la entonces ministra habría intervenido ante funcionarios de Migración Colombia para que sus hijos pudieran viajar sin cumplir con los trámites requeridos en estos casos.

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Según testimonios recogidos, se afirma que Vélez habría intervenido directamente en el aeropuerto de Cali, solicitando a los funcionarios de Migración Colombia que permitieran la salida de sus hijos, incluso alegando estar en un viaje en Davos con altos funcionarios del gobierno. A pesar de no contar con los permisos necesarios, los menores y su padre lograron abordar el vuelo hacia Europa.

El Ministerio Público anunció la apertura de un juicio disciplinario contra Vélez, con el objetivo de determinar si abusó de su cargo para beneficiarse personalmente al intentar asegurar la salida de sus hijos del país de manera irregular.

Este hecho, catalogado como una posible falta disciplinaria grave, llevó a la Procuraduría a tomar la decisión de llamar a juicio a la exfuncionaria del Gobierno Petro. En el marco de este proceso, Vélez deberá enfrentar las acusaciones y presentar sus descargos ante el ente de control.

Durante el juicio, se evaluarán detalladamente las pruebas presentadas por la Procuraduría, incluyendo el correo electrónico en el que se detalla la solicitud de excepción para el viaje de sus hijos. El ente de control determinará si se configuró o no la conducta indebida por parte de la exministra Vélez, lo que podría resultar en una inhabilidad para ejercer cargos públicos por varios años.

La investigación también reveló que la intervención de Vélez se habría dado en el contexto de un viaje que ella misma estaba realizando, en el que habría alegado estar acompañada por altos funcionarios del gobierno, lo que se considera un uso indebido de su posición y una violación de las normas éticas y legales que rigen la función pública