La  investigación que abrió el pasado 23 de julio la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a uniformados por ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como ‘falsos positivos’, tiene como base el informe que le entregó unos días antes la Fiscalía.

No obstante, ahora la JEP ofició al Ministerio de Defensa para que le haga llegar información acerca de resultados operacionales de organización, jurisdicción, funcionamiento y resultados operacionales de la Primera, la Segunda, la Cuarta y la Séptima divisiones del Ejército, en cuyas jurisdicciones se presentaron la mayoría de estos hechos.

La información requerida por la JEP abarca desde 1983 a 2016, en la cual solicita acerca de muertes en combate, capturas y los desmovilizados en las jurisdicciones que corresponden a las divisiones del Ejército antes señaladas.

El pasado 23 de julio, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), de la JEP, por medio del Auto 005 del 17 de julio de 2018, decidió avocar conocimiento del Caso No. 003, a partir del Informe No. 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

El 16 de julio anterior, la Fiscalía entregó dos nuevos informes a la JEP, en los que se detallan dos ejes de investigación relacionados con conductas cometidas durante el conflicto armado.

Con esta segunda entrega, son cinco los informes que quedan a consideración de la JEP para que avance en los asuntos de su competencia. El primero fue el inventario de casos relacionados con el conflicto armado; el segundo correspondía a las investigaciones que se adelantan por las ‘retenciones’ ilegales por parte de las Farc; y el tercero corresponde a la victimización a miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado.

En el caso de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por Agentes del Estado, el ente acusador indicó que “ha identificado un total de 2.248 víctimas que se presentaron entre 1988 y 2014, siendo el período con mayor victimización de los años comprendidos entre 2006 y 2008 con el 59,3% de los casos. En los registros se estableció que 5.626 personas han sido procesadas, de los cuales 3.826 (68%) eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se vincularon por estos acontecimientos a 992 (17,6%) suboficiales, 514 (9,1%) oficiales y 133 (2,4%) civiles”.

La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los dieciocho y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y trabajos informales en la ciudad.

Primeros citados

El pasado martes la JEP citó para el próximo 10 de agosto al primer grupo de catorce militares en el marco de las pesquisas por los ‘falso positivos’ que se ejecutaron en el conflicto armado.

Vale anotar que los uniformados se presentaron de forma voluntaria ante esta Jurisdicción buscando beneficios en la pena, como libertad cinco, sí es que ya tienen más de 5 años en prisión o cesación de la investigación, a cambio de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Entre los primeros uniformados citados aparecen un coronel, un capitán, un sargento segundo y once soldados profesionales.