En que hay la necesidad de reactivar las fumigaciones aéreas a las plantaciones de coca para enfrentar el crecimiento desmedido de los cultivos ilícitos, insistió ayer el fiscal general Néstor Martínez.

Por ello pidió al ministro de Justicia, Enrique Gil, incluir el tema de la proliferación de estos sembradíos en la próxima reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que está prevista para el próximo 5 de julio, del cual hacen parte los ministerios de Salud, Educación, Defensa y Justicia, además de la Fiscalía y la Policía.

"Desde el año 2016 manifestaba cómo había qué mirar la posibilidad de hacer una erradicación, además de la voluntaria, que incluyera posibilidades de erradicación por aspersión área y se nos dijo que la Corte Constitucional lo había prohibido. Lo cual, en la evolución de la jurisprudencia de la propia Corte, no es cierto", señaló Martínez Neira.

Explicó que lo que hizo el alto Tribunal fue dejar sentado que si la decisión era fumigar se debería realizar con los controles necesarios para prevenir consecuencias sobre la salud humana.

“Se expidió la sentencia T-236 del 2017 en donde expresamente se abre la posibilidad de que como política de Estado adoptada por el Congreso y gobierno de turno, se pueda apelar a unos mecanismos de aspersión aérea precaviendo daños a la salud a través de los químicos que se utilicen. Pero sí es cierto que la Corte Constitucional lo permite”, aseguró el Fiscal General.

Martínez reveló que el Ministerio de Justicia convocó de manera urgente a una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, pero que después de revisar la agenda observó con preocupación cómo el Ministro de Justicia dejó por fuera el crecimiento de los cultivos ilícitos.

El presidente Santos suspendió desde 2015 la fumigación aérea con glifosato por razones de precaución para la salud humana.

Según las cifras del informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, de Estados Unidos, entre 2013 y 2016 los sembrados de coca aumentaron en más del 130 por ciento, de 80.500 hectáreas en 2013 a 188.000 hectáreas en 2016. En el año 2015 los sembrados de coca se extendían por 159.000 hectáreas.

Mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Unodc- indicó en su informe de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos con fecha de corte el año pasado, que se produjo un incremento del 52 por ciento, al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.

Por su parte, el Observatorio de Drogas Colombia en su ‘Reporte de Drogas Colombia 2016’ refleja el crecimiento sostenido  de los cultivos de coca. En el año 2013 indica que había 48.000 hectáreas; en el año 2014 había 69.000 hectáreas, en 2015 reporta  96.000 hectáreas. No presenta datos del 2016.

El fiscal Martínez dijo que “el país debe refundar su política antinarcóticos. Llevo dos años en nombre de la Fiscalía tocando todas las puertas del Estado para que hagamos consciencia sobre la gravedad de la situación que íbamos a confrontar y que lamentablemente hoy estamos confrontando".

La subdirectora de Estrategia y Análisis del  Ministerio de Justicia, Martha Paredes, dijo ayer que “aunque tendemos a enfocarnos como país mucho en el tema de la coca, hay otras sustancias cuyo consumo está incrementando, como la heroína. Tenemos que estar muy atentos a eso".

Agregó la funcionaria que “en términos de producción de coca el problema no es solo de Colombia, es una responsabilidad conjunta a nivel mundial".

Preocupación internacional

La semana anterior se conoció que la administración de Donald Trump planteó a Colombia la necesidad de reactivar las fumigaciones aéreas a los sembradíos de coca.

¨Les hemos dicho que es necesario volver a la aspersión. Las cifras de hectáreas cultivadas con coca son impresionantes. El presidente Trump habló directamente con el presidente Juan Manuel Santos y vamos a trabajar con ellos para hacer frente a este asunto¨, dijo en su momento el exsecretario de Estado, Rex Tillerson.

Estados Unidos desde la administración de Barack Obama manifestó a Colombia su preocupación por este incremento, lo mismo que posteriormente el presidente Trump. No obstante el presidente Santos se comprometió a reducir los cultivos ilícitos en por lo menos 100.000 hectáreas a través de una estrategia combinada de erradicación forzada y un programa de sustitución de cultivos con los campesinos que derivan su sustento de esta actividad.

Sin embargo esta estrategia podría sufrir cambios importantes con la llegada de Iván Duque al poder, pues éste como candidato dijo que retomará la aspersión aérea y reactivará las brigadas de erradicación, que a su juicio no debe ser consensuada con los campesinos cultivadores sino forzada.