Proyecto pretende estimular la participación de la población juvenil en el ejercicio del control social

Establecer medidas que superen las barreras que presentan las veedurías ciudadanas para el ejercicio de su labor en la lucha contra la corrupción para la vigilancia de la gestión pública, es el objetivo del proyecto de ley planteado por el representante por Cundinamarca Buenaventura León, del Partido Conservador.

De acuerdo con su autor, la iniciativa busca fortalecer y establecer garantías para el acceso y la entrega de la información que requieren los veedores “con el fin de poder realizar adecuadamente el ejercicio de su función para la prevención y protección de la inversión del gasto público y el control social a la ejecución de programas, proyectos y obras de inversión pública”.

Propone que se contribuya con la consolidación de mecanismos alternativos que permitan a los veedores ciudadanos potencializar su capacidad de control y fiscalización en coordinación y colaboración con las entidades sujetas de control social y de las autoridades que hacen parte de la red de apoyo a las veedurías.

Además, pretende estimular e incentivar la participación de la población juvenil y escolar en el ejercicio del control social y fomentar el hábito del autocontrol por el gasto e inversión pública del Estado desde las instituciones de educación en todos sus niveles.

La propuesta establece que para cumplir con lo anterior, las organizaciones civiles o los ciudadanos, deberán elegir de una “forma democrática” a los veedores, quienes harán un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia.

Estipula que la inscripción de este documento se realice ante las personerías municipales, distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar el registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las autoridades propias.

El proyecto de ley establece modificar los deberes de las veedurías contempladas en el Artículo 18 de la Ley 850 de 2003, en donde estas deberán recibir informes, observaciones y sugerencias que presenten los particulares, las comunidades organizadas, las organizaciones civiles y las autoridades, en relación con las obras, programas y actividades objeto de veeduría, así como comunicar a la ciudadanía los avances en los procesos de control y vigilancia que estén realizando.

Además, deberán definir su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación del comportamiento de sus miembros. Realizar audiencias públicas para rendir informes de control preventivo y posterior ejercido por la veeduría, así como solicitar información de las entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos del Estado o presten un servicio público.

Anualmente tendrán que rendir cuentas a la comunidad sobre sus gestiones y resultados, conclusiones y recomendaciones en la labor del ejercicio del control social que ejecutaron las veedurías conformadas para el seguimiento y vigilancia de programas, proyectos u obras públicas.

La propuesta señala que estas modificaciones se deben realizar, debido a que “la labor de las veedurías se traducen en el mecanismo de participación social más efectivo para luchar contra la corrupción”.