Tras el escándalo por el uso de camioneras de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para transportar a disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes, la Procuraduría realizó una inspección disciplinaria a la entidad para identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad, Manuales y / o Protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.

El equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales las cuales permitirán establecer el tipo de vinculación de los agentes de protección involucrados en el episodio para determinar responsabilidades después de que en un retén militar, en cercanías de Bello, Antioquia, se detuviera a una caravana en la que se movilizaba un grupo de disidentes de las Farc encontrándose al interior de los vehículos elementos tales como armas de fuego, municiones, dinero entre otros.

“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la Directora Nacional al recalcar que “si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”.

Vidal aseguró que tras la inspección se procederá a hacer una indagación disciplinaria en la oficina de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar de Bello, con lo cual buscarán fortalecer las pruebas que permitan tomar una decisión sobre el escándalo ocurrido el pasado martes, 23 de julio.

La investigación, de igual forma, continúa buscando la forma de determinar las conductas disciplinarias relevantes en las que los servidores públicos, directivos y otros funcionarios, pudieron llegar a incidir en el caso.