EL MÁS reciente informe trimestral del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la Misión de la ONU en Colombia, destacó “que la Jurisdicción Especial para la Paz, como componente judicial del sistema de justicia transicional establecido en virtud del Acuerdo Final, sigue adelante con su mandato fundamental”.
Entre las formas en que la JEP está cumpliendo su mandato, el informe resaltó la audiencia de reconocimiento por los casos de secuestro (sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP), realizada los pasados 24 y 25 de noviembre en Cali. “Durante la audiencia, siete miembros del Bloque Occidental de las antiguas Farc-EP reconocieron ante las víctimas y la sociedad colombiana su responsabilidad en secuestros y otros delitos graves”, subrayó el secretario general de la ONU.
Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas subrayó que la Misión de Verificación de la ONU, sigue de cerca los avances en los 11 macrocasos de la JEP y lo que se requiere para la implementación de las primeras sanciones.
De acuerdo con este informe, el éxito de este proceso depende también de la articulación coordinada entre la JEP y todas las instancias gubernamentales, lo cual hace “necesaria la participación continua de las distintas entidades, incluidos los Ministerios de Defensa y de Justicia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, a fin de garantizar que se den las condiciones para traducir rápidamente las decisiones judiciales en acciones restaurativas que beneficien a las víctimas”.
En el documento, se destaca que la Jurisdicción ha retirado de los procesos en la JEP a aquellos que no aportan verdad sobre los diferentes casos, tal y como ocurrió con el general (r) Mario Montoya. Además, se hace mención importante a los avances del Alto tribunal en las investigaciones por los mal llamados falsos positivos, a través de los cuales se ha ratificado que más de 12 miembros de la Fuerza Pública han sido considerados como máximos responsables de crímenes de civiles presentados como bajas en combate. Hechos ocurridos en diferentes regiones del país.
Además, subraya el trabajo del Tribunal para la Paz, a través de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad, ha venido realizando audiencias y consultas con el Gobierno y las autoridades locales en relación con las sanciones propias.