La posición del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, de pedirle al Gobierno que suspenda la aplicación del fracking en el país, despertó una profunda controversia con el sector petrolero.

A tres días de dejar el cargo en la Contraloría, Maya Villazón consideró que el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como el fracking.

Según el jefe del organismo de control, actualmente no se cuenta con los términos de referencia ambientales para la explotación mediante dicha técnica.

“Si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”, aseguró el Contralor al instalar el Seminario Internacional “Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible”.

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Riesgos

Indicó que “ante esta debilidad institucional, sumada a la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”.

Recomendó mantener esta moratoria hasta tanto el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de detalle y reciente que le permita a las entidades y los titulares de los contratos conocer las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y a las características del subsuelo en cuanto a la tectónica y sismicidad.

Con ello, explicó, se reduciría la asimetría de la información con la que históricamente se han llevado adelante los proyectos en el país, con el propósito de afrontar los enormes riesgos ambientales inherentes a esta técnica.

Según Maya Villazón, los resultados del control fiscal ambiental  que realiza la CGR, a través sus auditorías, estudios sectoriales y evaluaciones de políticas públicas, presentan un panorama sombrío y evidencian que el país transita por una senda de desarrollo que no es sostenible.

Legislación estricta

Por su parte el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) Francisco José Lloreda, reaccionó a la posición del Contralor sobre el fracking y dijo que “Colombia cuenta con legislaciones estrictas en esta materia. “Llama la atención que la Contraloría pida suspender algo que no hemos empezado y eso amerita analizar en detalle el rigor técnico del documento presentado por la entidad”, sentenció.

Y así continuó: “El país sí está preparado para desarrollar de manera responsable la actividad porque cuenta con una regulación que es estricta, que es exigente, porque sus instituciones se han ido preparando para hacerlo y porque las compañías que están llamadas a adelantar este trabajo, son las mejores y cuentan con experiencia en yacimientos no convencionales”.

Sostenibilidad

El directivo gremial señaló “que será el mercado el que decidirá si el país quiere avanzar en el desarrollo del fracking, ya que depende de la suficiencia energética, del valor del crudo y de la cantidad de impuestos que se le traslade a los colombianos. Sin embargo, el país y su sostenibilidad debe estar respaldada en el desarrollo de yacimientos convencionales y no convencionales”.

En algunos editoriales, Lloreda sostiene que “defender el fracking se ha convertido en herejía. Quien se atreva a señalar los beneficios que traería al país corre el riesgo de ser tildado de enemigo del ambiente en la hoguera mediática y digital. La sola palabra causa rechazo o prevención y con frecuencia se asumen posiciones sobre el tema con información precaria o sesgada. Y la que debería ser una discusión técnica e informada, se ha convertido en emotiva e incluso se ha politizado.

El petróleo y el gas no se generaron donde usualmente se encuentra (trampas geológicas). Ocurrió a mayor profundidad en lo que se conoce como “roca madre” o “generadora” y, a través de millones de años, ascendió acumulándose en yacimientos convencionales. Pero no siempre el hidrocarburo migró; solo el que estaba atrapado en rocas porosas lo hizo. Al resto, que continúa en la roca madre, se les denomina Yacimientos No Convencionales.

Un ejemplo es la formación La Luna, que se encuentra en el Magdalena Medio y Venezuela. En el vecino país la roca era porosa y el hidrocarburo ascendió en grandes volúmenes; en Colombia, no. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas, nosotros 1.782M; a ellos les alcanza para 230 años, a nosotros para 5.6 años. Por ser la misma formación, es probable que haya petróleo y gas atrapado en el lado colombiano.

Y la manera de comprobar su existencia es explorar utilizando fracking, una tecnología de estimulación similar a la que se ha usado en muchos yacimientos convencionales en Colombia.

Objetividad

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, hizo una invitación al Contralor, a los grupos ambientalistas y a los colombianos para hacer un debate objetivo sobre esta práctica, que en “Colombia no lleva ni un solo día”. 

“Nos preocupa muchísimo cuando se hacen pronunciamientos sin que se respeten principios de rigor técnico y científico, que busquen responder a intereses políticos, particulares de algunas personas y no con el rigor que esto amerita”, afirmó Vera. 

También señaló que con el uso de altos estándares sería posible desarrollar esa explotación en el país y resaltó que el fracking es un recurso fundamental para garantizar tanto la autosuficiencia energética nacional como la sostenibilidad fiscal. "Para los colombianos sería un pecado no poder evaluar esta alternativa de la mano de otras que tenemos, como el off-shore”, dijo. 

Reforzar control fiscal ambiental

Durante el desarrollo del Seminario Internacional “Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible”, el Contralor General recibió de parte del Embajador de Canadá, el Procedimiento Especializado de Auditoría a la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales.

Se trata de un instrumento metodológico financiado por la cooperación canadiense y desarrollado con el respaldo técnico-científico de la Universidad Nacional de Colombia a través de su Instituto de Estudios Ambientales, en estrecha colaboración con el equipo humano de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.

Este procedimiento facilitará que dentro de las actividades de control de competencia de la Contraloría General de la República, se evalúe si los gestores fiscales acatan el mandato de tener en cuenta, en sus procesos de toma de decisiones, las afectaciones y riesgos ambientales que derivan de la intervención tanto pública como privada, para asumir en consecuencia, medidas de prevención, mitigación o compensación del daño ambiental que produce el desarrollo económico para asegurar que este sea sostenible.