Cerrar la sala de ventas de la constructora Guzerat y la inmobiliaria Arcast, que llevaban a cabo un proyecto de casas campestres por 500 millones de pesos, ordenó un juez de Apulo (Cundinamarca).

La decisión judicial se basa en que tanto la constructora como la inmobiliaria habrían incurrido en irregularidades que afectaba el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

De acuerdo con la Fiscalía, en 2015 habría sido entregada de manera irregular la licencia para lotear el condominio, subdivisión que no tenía en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial. Es por eso que el juez ordenó también la suspensión de manera temporal de esa licencia, mientras se resuelve el proceso penal. 

Los dos implicados en este escándalo deberán responder por el delito de prevaricato por acción, por lo que podrían pagar penas superiores a los seis años de prisión.