Gobernadores de 31 departamentos le pidieron ayer al Gobierno nacional derogar la certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) aplicada para calcular los precios de los licores.

Reunidos en Bogotá, los mandatarios seccionales anunciaron que, de lo contrario, entablarán una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

A su juicio, el método actual está generando una reducción de los ingresos para la vigencia 2018 y ha significado un golpe para los fiscos de las entidades territoriales por cerca de 630.000 millones de pesos.

La decisión fue tomada por los mandatarios después de que el director del DANE, Mauricio Perfetti, incumplió una cita con ellos en la Federación Nacional de Departamentos donde habría de protocolizarse una fórmula de acuerdo para resolver el problema.

Los gobernadores denunciaron que la reducción en los ingresos afecta gravemente los recursos para el régimen subsidiado en salud, principal destinatario recaudos, junto con la educación y al deporte.

Simultáneamente, enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que advierten que la metodología del DANE asigna de firma equivocada una ponderación equivalente a los precios tomados a partir de la información de establecimientos de comercio y a los reportados por los productores y exportadores, sujetos pasivos del impuesto.

Los gobernadores le pidieron al jefe del Estado una intervención inmediata para resolver el problema antes de la conclusión de su mandato.

“Los gobernadores hacemos un llamado, señor presiente, para derogar de manera inmediata la certificación de precios 2018 y expedir una nueva ajustada a lo dispuesto por la Ley 1816”, Ley de licores, señala la carta.

Se quejaron también del trato desobligante e irrespetuoso que han recibido por parte del DANE como del Ministerio de Hacienda que, a su juicios, sólo se han ocupado de dilatar las soluciones propuestas.

Además de los departamentos, la fórmula actual también estaría afectando al distrito capital, aunque no a San Andrés y Providencia que tiene un régimen especial.