Mediante la aprobación de la Política de Formalización Empresarial el Gobierno busca impulsar la generación de empleo. En efecto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el programa que incluye una agenda integral de 65 acciones e inversiones por alrededor de $460.000 millones en los próximos 10 años.​

Esta política busca reducir los niveles de informalidad de la economía colombiana. Alrededor del 75% de las microempresas no están registradas y el nivel de cumplimiento de otras dimensiones de formalidad es aún menor, como por ejemplo la contratación laboral o la declaración y pago de impuestos.

Esto deriva también en una alta informalidad laboral, pues la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el 65% de los trabajadores informales en América Latina trabajan en empresas informales.

Los costos

El Gobierno nacional busca reducir los costos que tiene para una empresa el cumplir con las obligaciones que le implica ser formal, pues casos de estudio realizados con el Banco Mundial muestran que pasar de ser informal a formal le cuesta hoy a las mipymes entre el 34% y el 46% de su utilidad bruta.

Este Conpes le apunta a garantizar un régimen de tributación simple, a flexibilizar los costos de contratación formal de la mano de obra respetando los derechos laborales y a la disminución de la carga regulatoria y trámites asociados a operar formalmente.

“A través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), por ejemplo, el empresario podrá obtener el RUT, la matrícula mercantil, el registro como empleador ante las entidades de seguridad social, entre otros trámites, sin moverse de su negocio”, precisó la directora general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso. “Además, el empleador también deberá poder afiliar, trasladar y realizar todas las gestiones de la seguridad social de sus trabajadores virtualmente”, señaló la funcionaria. 

Acciones

Otras acciones se relacionan con la reducción de la carga regulatoria, en temas de contratación formal de trabajadores (incluida la seguridad social), registro sanitario ante el Invima, producción y comercialización de bienes y servicios, entre otras.

Alonso destacó que la implementación de esta política le permitirá a Colombia avanzar del puesto 100 a nivel mundial, en el indicador de facilidad para abrir empresas del Doing Business, a cerca del puesto 50.

Además, para ayudar a las empresas a materializar los beneficios de ser formal, la política propone diversas acciones de apoyo para su desarrollo. Entre estas acciones se destacan: el diseño y puesta en marcha de un programa de desarrollo empresarial para la formalidad por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; mayor acceso al financiamiento a través nuevas alternativas de financiación como los productos Fintech; y mayor acceso para las mipymes a los procesos de contratación pública.

Asimismo se fortalecerán las actividades de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de las regulaciones, enfocándose en los casos de incumplimiento que le generen mayores riesgos a la sociedad.

El Conpes propone mejorar la información que se genera actualmente sobre las empresas y su nivel de formalidad. Para esto el DANE fortalecerá el módulo de micronegocios de la Gran Encuesta Integrada de Hogares que permita medir sus niveles de formalidad. 

Hacia 2020 se prevé la realización de un censo económico, ejercicio que no se hace desde 1990, para caracterizar de manera amplia el universo empresarial colombiano.