El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró el compromiso de “cero tolerancia” contra actualizaciones irregulares tras revelaciones sobre presuntas interceptaciones ilegales

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Un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma “expedita” las investigaciones correspondientes tras la revelación de presuntas interceptaciones ilegales realizadas por integrantes del Ejército Nacional hizo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

“Esta cartera reitera el compromiso del presidente Iván Duque y del Gobierno nacional de cero tolerancia con cualquier actuación de integrantes de la Fuerza Pública que sea contraria a la Constitución, la ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario", señaló en un comunicado.

En caso de comprobarse la participación de miembros de la Fuerza Pública en hechos que no estén acordes a la ley, Trujillo indicó que los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. "La presunción de inocencia y el debido proceso son derechos fundamentales de quienes han sido cuestionados, y son las autoridades correspondientes las que deben realizar las investigaciones, determinar responsabilidades y tomar las decisiones en derecho", sostuvo.

Trujillo afirmó, además, que a mediados de diciembre se adelantó una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han realizado en el país. “Debo poner en conocimiento de ustedes y del país que el 12 de diciembre del 2019, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, quien les habla solicitó el adelantamiento de una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuado en los últimos años”, dijo el funcionario.

Según la revista Semana, las 'chuzadas' ilegales habrían sido el verdadero motivo de la salida del general Nicacio Martínez del Ejército Nacional. Estas interceptaciones se habrían realizado desde instalaciones militares en las cuales se 'chuzaron' conversaciones de magistrados, congresistas, periodistas y oficiales de otras fuerzas armadas del país durante el año pasado.

Cero tolerancia

El sábado, al iniciar su visita al municipio de Bojayá, Duque enfatizó que “aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que atente contra la Constitución y la ley. Esa es la instrucción que han tenido siempre todos los comandantes”.

Durante declaraciones a medios de comunicación, el Jefe de Estado informó que hizo unas precisiones “muy claras, tanto al general (Luis Fernando) Navarro, como al general (Eduardo) Zapateiro y al ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo), y es: hasta el fondo con todas las investigaciones sobre hechos de malas conductas”.

Señaló que en Colombia “tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser unas Fuerzas Militares honorables y al servicio de los colombianos, y donde haya manzanas podridas llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplares”.

Recalcó que “si hay miembros de la Fuerza Pública que están teniendo conductas contrarias a la Constitución y la ley, nosotros mismos vamos a sancionarlos, nosotros mismos vamos a denunciarlos”.

Aseveró, por último, que “ese debe ser el espíritu mío como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, pero debe ser también el compromiso de todos los que ejerzan comandancia: cero tolerancia con cualquier conducta violatoria de la Constitución y la ley”.

Varios ‘chuzados’

En su cuenta de Twitter el expresidente y senador Álvaro Uribe escribió una frase con una cita anónima en la cual se indica que habrá señalamientos contra un representante a la Cámara del Centro Democrático de recibir información de chuzadas ilegales realizadas por el Ejército.

Uribe calificó esta versión como "otra infamia". "Otra infamia: tienen todo listo para acusar a un representante a la Cámara del CD y miembros de 2 UTL del CD que recibían reportes de supuestas chuzadas en el ejército y que esa información llegaba al expresidente Uribe, esa información la entregaron a Semana”, expresó en el mensaje.

En el reportaje de Semana se señala que las interceptaciones “comprometen a batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Ambos dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim)".

Una de las fuentes anónimas citadas por la revista dice que quienes realizaban las interceptaciones recibían órdenes que "venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos". Y añade que, "por la misión y los blancos, estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad".

Entre los 'chuzados' estarían la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, el senador del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Roy Barreras, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero. La información de Lombana, según una fuente citada por la revista, fue entregada directamente a "un reconocido político del Centro Democrático".

Barreras se pronunció tras conocer la información y señaló que anunció acciones ante tribunales internacionales. “Acudiremos ante la CIDH porque ha regresado la práctica ilegal para-estatal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz, opositores, periodistas independientes y magistrados bajo una 'ideología del enemigo' en la que lo es todo aquel que piense diferente", dijo Barreras que cuestionó que estos hechos ya los había denunciado ante la Fiscalía, pero la investigación fue archivada "en tiempo récord".

“Esa denuncia ampliada ante la Fiscalía en agosto de 2019” fue “sorprendentemente archivada en tiempo record (61 días) en octubre de 2019”, sostuvo.

“No son ‘unas manzanas podridas’, es toda una estrategia paraestatal que nos regresa a épocas oscuras. Pregunto: ¿Estos militares cómplices con coroneles retirados que se aúnan con oficinas de matones no son los mismos que matan líderes sociales incómodos para las economías ilegales?”, agregó.

Romero, por su parte, exigió garantías. "Exigimos el mínimo de garantías para nuestro ejercicio político. Ya estamos a 11 de enero y la UNP aún no activa el esquema de seguridad. Hago responsable de mi vida y mi seguridad a quien debe asumir como jefe de Estado, Iván Duque", dijo.