EL VICEMINISTRO de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, se reunió con los directores, comandantes de vigilancia y cónsules de los 126 centros carcelarios, para manifestarles su apoyo y solidaridad por los hechos de violencia ocurridos recientemente contra guardias y funcionarios del sistema penitenciario. Esto tras la declaratoria de la emergencia carcelaria hecha por el Consejo Directivo del Inpec el pasado 12 de febrero.

Así mismo, tuvo ocasión de recibir sus inquietudes y preguntas sobre la situación actual y sus iniciativas para optimizar las medidas por adoptar en el contexto de la crisis carcelaria, y agradeció el arduo trabajo de los guardias a quienes les aseguró que el Ministerio dará apoyo constante al personal del Inpec en medio de sus labores.

En el encuentro, que se realizó de manera virtual con los altos mandos de los establecimientos, Camilo Umaña indicó que esta declaratoria de emergencia carcelaria se sostiene sobre dos argumentos: primero, en la protección y preservación de la vida e integridad de la guardia penitenciaria; y segundo, en el incremento del fenómeno de extorsión desde las cárceles, que afecta a comerciantes de varias regiones del país.

En ese sentido, el alto funcionario explicó que entre las acciones que se van a implementar, se consolidará un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación que propuso la designación de un fiscal especial para este tipo de investigaciones, y 10 policías judiciales dedicados únicamente a los procesos de indagación, por los hostigamientos, la amenazas, y los crímenes contra los guardias.

Además, se estudian otras soluciones al problema de seguridad a través de un trabajo mancomunado con la Fuerza Pública, por medio de una vigilancia cercana a los centros penitenciarios con especial atención en las horas que la guardia tiene los cambios de turno, y cuando realizan los desplazamientos desde las cárceles a sus lugares de residencia, así como también realizar el estudio de la situación laboral del funcionario, para evaluar un posible traslados del lugar de trabajo por riesgo de amenazas.