La ponencia para el primer debate de la reforma política fue radicada en la Comisión Primera de la Cámara, y uno de los temas que más controversia ha generado es que se decidió mantener que el Congreso de la República siga eligiendo a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque el Gobierno, en su propuesta inicial, planteaba que estos magistrados fueran seleccionados por un concurso de méritos y escogidos por las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado), la ponencia radicada mantuvo que el Congreso en pleno será el encargado de elegir a los magistrados.

Esta elección, no obstante, sufrirá una modificación en cuanto al proceso de selección. Según la nueva propuesta, los magistrados serán elegidos de ternas de elegibles conformadas a través de una convocatoria pública, no por listas propuestas directamente por los partidos políticos, como sucede actualmente. "El Congreso en pleno será el que elija a los magistrados de 9 ternas de elegibles que se conformen por convocatoria pública," detalla el texto radicado para el debate.

Uno de los coordinadores ponentes, el representante del Pacto Histórico Heráclito Landínez, sostuvo que aunque se mantiene el poder del Congreso para elegir a los magistrados, el proceso será más transparente gracias a la convocatoria pública, que asegurará que los candidatos cumplan con ciertos requisitos. A pesar de este cambio, algunos sectores críticos consideran que el Congreso aún tendrá una influencia considerable sobre el CNE, lo que puede mantener la politización de este órgano.

En cuanto a otros puntos clave de la reforma, se propone una financiación 100% estatal para las campañas políticas con el fin de evitar el ingreso de dineros privados, lo que busca garantizar mayor transparencia. Además, se fortalecerán los partidos políticos a través de la realización de elecciones primarias y el establecimiento de listas cerradas para las elecciones. "Con estos tres pilares buscamos que haya más transparencia y se fortalezca la democracia," señaló Carlos Felipe Quintero, uno de los coordinadores ponentes de la reforma.

Otra modificación significativa es el aumento del umbral para el reconocimiento de personería jurídica a los movimientos políticos. Mientras que en el proyecto inicial se planteaba que aquellos movimientos con al menos el 1% del censo electoral podrían obtenerla, el nuevo texto aumenta este requisito al 3%, equiparándolo con el de los partidos políticos. Este cambio, según los ponentes, tiene como objetivo garantizar que los movimientos políticos cuenten con una base sólida de respaldo ciudadano.

Por otro lado, la reforma también introduce cambios en cuanto a los derechos de los candidatos. Se estableció que quienes renuncien a su partido para aspirar por otra colectividad deberán hacerlo al menos un año antes de la inscripción de candidaturas, poniendo fin a la polémica sobre si la renuncia debía ser antes de la inscripción o de la elección.

El tema de la elección de los magistrados del CNE ha sido especialmente relevante debido a las recientes imputaciones al presidente Gustavo Petro y su campaña, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022. La independencia de los magistrados ha sido puesta en duda, en especial porque algunos miembros del CNE, como Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, han sido críticos abiertos del mandatario.

Finalmente, esta reforma es la segunda que presenta el gobierno de Gustavo Petro en este cuatrienio. La primera, radicada en octubre de 2022, se hundió antes de su quinto debate tras el rechazo del gobierno a las modificaciones introducidas durante su paso por el Congreso.

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