Señalan que este es un servicio público esencial y que la mesa de diálogos está abierta desde el año pasado
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El Paro Nacional de Educadores se mantiene para mañana 21 de febrero. Por ese motivo la Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, expidió una comunicación recordándoles a los maestros que se han cumplido con todos los acuerdos  y que la educación es un servicio público.

La titular de la cartera docente aseguró que el Gobierno nacional está cumpliendo con los acuerdos de 2017 y que el diálogo se mantiene, por lo que no tiene razón alguna llamar a un cese de actividades.

Recordó que el pasado lunes el Gobierno expidió tres Decretos con los que se reconocen mejoras salariales a los docentes.

“La educación es un servicio público esencial y un derecho fundamental, como quedó convenido en el acuerdo colectivo del año pasado con Fecode, por lo que no se puede vulnerar”, sostuvo la ministra.

Al ser consultada por el paro de 24 horas anunciado por Fecode, Giha dijo que “las partes definimos eso en el acuerdo del año pasado luego de 37 días de paro. Es importante hacerle un llamado a Fecode de que no hay necesidad, para poder seguir avanzando en esos acuerdos, de dejar a los niños sin clase, de afectarlos así sea un solo día”, subrayó.

La Ministra manifestó que la convocatoria a paro es injustificada, además, porque la mesa de diálogo sigue abierta desde el año pasado, porque se mantienen las reuniones entre las partes y porque la comisión de verificación de los acuerdos está operando y es en esta instancia en que se deben dirimir las diferencias y las inquietudes, como se estableció entre las partes en 2017.

“No tiene justificación que mientras estamos hablando, mientras el diálogo está abierto y se están tratando los temas, Fecode haya tomado esa decisión. Adicionalmente, y como ellos bien lo saben, el Gobierno nacional está cumpliendo con los acuerdos”, aseguró Giha.

En este sentido, explicó que de los 24 puntos del acuerdo, ocho ya están cumplidos, un número similar está cerca a concretarse (“dependen de un Decreto o decisión que sale en cualquier momento”) y otros ocho son puntos más profundos que están siendo revisados en las mesas de trabajo.

De otro lado, el Gobierno nacional expidió el Decreto 322 del 19 de febrero de 2018, con el que reconoce a los maestros una bonificación que constituye factor salarial para todos los efectos legales, la cual es equivalente a tres puntos adicionales, por encima del aumento para los demás servidores públicos. Es decir, este año, por primera vez, todos los maestros oficiales de Colombia recibirán un salario mensual con un incremento del IPC más cuatro puntos porcentuales.

Entre tanto, la Federación Nacional de Educadores señaló mediante un comunicado: “El servicio de salud del magisterio, a pesar de contar con nuevos contratos que incluyen nuevos términos, es calamitoso. A los docentes les niegan los servicios, hay municipios del país sin cobertura en atención y resulta imposible conseguir citas con especialistas. Esto sucede ante la anuencia de la Fiduprevisora y del Ministerio de Educación, como fideicomitente”.

Y agrega en la misiva que “el Gobierno ha venido expidiendo decretos sin consultar con el magisterio, por ello, las nuevas normas están generando un caos en las instituciones educativas. Es el caso del decreto 2105 de 2017, que se supone regula la jornada única; sin embargo, ocasionó todo lo contrario. Inestabilidad laboral para educadores, hacinamiento en aulas, cierres de jornadas tarde, son sólo algunas de las nocivas consecuencias. El Plan de Alimentación Escolar que debería estar funcionando desde hace varios días, para algunas regiones sólo se implementará hasta mediados de mes”.

Y concluye, “El Gobierno nacional asegura estar cumpliendo con los acuerdos firmados con Fecode el 16 de junio de 2017. Eso no se observa. Es el caso de la pretensión de extender el proceso de ascenso o reubicación para los docentes del estatuto 1278 hasta 2021; y retornar a la represiva evaluación de competencias, que Fecode derrotó en 2015. Así como, la dilación para adelantar una reforma constitucional al SGP que asegure suficiencia de los recursos al sector”.