Para analizar la agenda legislativa que busca enfrentar a los corruptos, el presidente Iván Duque se reunirá hoy con los promotores de la Consulta Anticorrupción, con los presidentes del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, y de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y con los dirigentes y voceros de las organizaciones políticas.

De entrada, el Comité Promotor y los representantes de los partidos que apoyaron la Consulta anunciaron que respaldarán los tres proyectos gubernamentales ya radicados por Duque, mientras que la redacción de las iniciativas para concretar los otros cuatro mandatos será consultada con la ciudadanía, en tanto que le solicitan al Gobierno darles mensajes de urgencia para que se aprueben con prioridad.

Promotores

“La ciudadanía dio el domingo, con más de 11 millones y medio de votos, un mandato político de urgencia para la aprobación de las normas que den cumplimiento a los siete mandatos anticorrupción y para que sean estas medidas las que recuperen los 50 billones de pesos robados al erario público, en vez de seguir subiendo impuestos”, indicó la exsenadora Claudia López, de la Alianza Verde.

Con base en esa reflexión, los promotores de la Consulta le solicitarán a Duque que, antes de radicar cualquier reforma tributaria, se aprueben y apliquen urgentemente las medidas anticorrupción.

Probidad pública

Este martes, el presidente Duque y el procurador Fernando Carrillo radicaron en la Secretaría del Senado un proyecto para combatir la corrupción y fomentar la probidad pública.

Duque destacó que la iniciativa “amplía la prescripción disciplinaria de cinco a veinte años”, pero que lo más novedoso es que instaura la acción penal para las personas jurídicas: “Dentro de las sanciones están las sanciones corporativas, pero adicionalmente las sanciones a los gestores y también a los propietarios, sanciones que son duras, entre las que se encuentra la prohibición para contratar con el Estado”.

Carrillo anotó que con la iniciativa se está “fortaleciendo la institucionalidad, aumentando la institucionalidad entre las entidades del Estado, entre ellas el Ministerio Público, las personerías y las veedurías ciudadanas”, agregando que con la Fiscalía y la Contraloría, la Procuraduría continuará a la vanguardia de la lucha anticorrupción.

Otro proyecto

Sin embargo, a pesar de los múltiples pronunciamientos de dirigentes políticos de todas las tendencias sobre que, aunque la Consulta no haya pasado el umbral, la alta votación impone la obligación de convertir en leyes los puntos preguntados, no todo será color de rosa.

Por ejemplo, la primera pregunta de la Consulta proponía reducirles el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando la última cifra como máxima remuneración para los altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución; pero la senadora Paola Holguín y el representante antioqueño Juan Espinal, ambos del Centro Democrático, radicaron un proyecto de Acto Legislativo para congelarles el salario a los legisladores durante cuatro años.

La iniciativa es bien vista por el Gobierno. “Hay otra propuesta que presentó el Centro Democrático, encaminada a congelar el aumento de los salarios, que llevaría en el mediano plazo a disminuir el costo total del aumento y de igualarlo con el resto de los incrementos salariales del país, que en últimas es la medida que se está buscando”, manifestó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

¿Impugnación?

En entredicho quedó el preconteo de la Consulta Anticorrupción informado el domingo por la Registraduría, ya que según los promotores del mecanismo de participación, no se reportó el umbral de participación derivado del total de sufragantes y tarjetones depositados, solo publicando parcialmente el umbral de aprobación de cada pregunta.

Para ellos, sin conocer el total de sufragantes y tarjetones, no se sabe si la Consulta en su totalidad superó el umbral de participación (33% de censo electoral) y por lo tanto no se sabe si la Consulta consiguió el umbral de participación y validez jurídica obligatorio.

Frente a esto, le solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) instruir a las comisiones escrutadoras departamentales para que hagan el conteo y reporten el total de sufragantes y tarjetones depositados, a partir del conteo y reporte de los formularios E11.

“La Consulta Anticorrupción ya es un mandato político y ciudadano indiscutible al Gobierno y Congreso para aprobar y poner en marcha los siete mandatos anticorrupción, pero solo conociendo con certeza el umbral de participación, sabremos si además es un mandato jurídicamente vinculante”, indicó la exsenadora López.

En todo caso, precisó la Registraduría a través de un comunicado, que los resultados divulgados el domingo “fueron producto del preconteo o conteo rápido de mesa, que tiene carácter informativo pero carece de valor jurídico vinculante, porque de acuerdo con lo previsto en el Código Electoral, los resultados oficiales de la consulta solo se conocerán una vez concluya el proceso de escrutinios, a cargo de las comisiones escrutadoras” y del CNE.