En medio de los bloqueos de vías urbanas e intermunicipales, generados como parte de las jornadas del paro nacional, se han logrado acordar corredores humanitarios para el abastecimiento de víveres y otros elementos.

Como lo informó EL NUEVO SIGLO, desde el miércoles están habilitados en Cali dos corredores humanitarios que permiten la entrada de vehículos para el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.

Uno fue habilitado en Juanchito, la entrada a Cali desde Candelaria, donde está ubicada Cavasa, la principal central de abastecimiento de alimentos del Valle del Cauca; el otro es en Sameco, que es el punto de ingreso de vehículos de carga desde Yumbo, por donde llega el combustible a Cali y al sur del departamento.

la Gobernación del Valle, tras el primer día de implementación de estos corredores, informó que ya se habían logrado mover 200 toneladas de alimentos de las 4.000 que se encuentran represadas en Cavasa.

También ayer, dos toneladas de material médico e insumos hospitalarios ingresaron al Cauca, gracias a las coordinaciones adelantadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

"En una coordinación con Acopi, la Cámara de Comercio del Cauca, las fuerzas vivas del departamento, y bajo el liderazgo de la Gobernación, se ha organizado esta entrega, entre cuyos insumos se cuentan incluso pruebas PCR que serán traídas luego a Bogotá para su procesamiento", explicó el alto comisionado Miguel Ceballos.

Entre los insumos que van en un vuelo de la Policía Nacional, que los recoge en Cali, llega a Popayán y regresa a Bogotá, hay implementos básicos para garantizar el correcto funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Popayán. De esta forma se procuran condiciones adecuadas de atención sanitaria y un apoyo certero para los habitantes de este departamento.

A su vez, la Defensoría del Pueblo ha desplegado a decenas de funcionarios por distintos puntos críticos del país, donde han logrado instalar 82 corredores humanitarios, en 18 departamentos, con el fin de permitir el paso de las comunidades, personal médico y heridos, así como el transporte de oxígeno, alimentos, medicinas y combustibles.

Según reportes de las oficinas regionales, a través de la mediación con autoridades y voceros del paro, se ha dado paso en carreteras de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Nariño, Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca.

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Heridos graves

La ciudadanía resultó conmocionada por el intento de asesinato del líder social Lucas Villa ocurrido en Pereira.

El miércoles por la noche, cuando Villa participaba de las movilizaciones, fue impactado por ocho disparos de arma de fuego en medio de muchos otros que personas sin identificar hicieron contra la multitud, resultando además otros dos jóvenes heridos.

El parte médico del Hospital San Jorge, a donde fue trasladado, indicó que “su estado neurológico es muy grave, nuestros especialistas y la neurocirujana consideró que no era de manejo quirúrgico. En este momento lo están manejando en la unidad de cuidados intensivos”.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, le exigió a “la Policía dar con los autores materiales e intelectuales del atentado que sufrieron jóvenes hoy en el viaducto de Pereira. No vamos a descansar hasta capturar a los responsables. El gobierno de la ciudad ofrece hasta $50 millones por información para dar con su paradero”.

La Procuraduría constituyó agencia especial para que intervenga en representación del Ministerio Público en el proceso que adelanta la Fiscalía por este caso.

También está en grave estado el joven Cristian Barrios, en Barranquilla. Luego de que una tanqueta del Esmad rociara chorros de agua contra un grupo de manifestantes, Barrios cayó al piso y se golpeó en la cabeza, siendo remitido a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Prado.

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Mesa de información

El fiscal Francisco Barbosa y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, anunciaron la instalación de una mesa interinstitucional de información “oportuna y transparente” sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones. En medio del anuncio revelaron que se investigan 11 homicidios.

“Es importante decirle al país que tres de esos homicidios les serán imputados a miembros de la Policía Nacional, en el marco de las manifestaciones”, dijo Barbosa.

Aunque inicialmente la Defensoría del Pueblo reportó 24 homicidios ejecutados durante las jornadas de protesta, la Fiscalía estableció que 11 de ellos se dieron dentro de las manifestaciones, siete están en proceso de verificación y seis más fueron descartados pues no tendrían relación con las jornadas de movilización. Además, como lo referenció Barbosa, tres de esos 11 homicidios que están siendo investigados se atribuyen a miembros de la Policía Nacional, que serán llamados a imputación de cargos en los próximos días.

Entre tanto, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le envió una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidiéndole manifestarse frente a las agresiones contra la Fuerza Pública, considerando que es preciso “apelar al principio elemental de la imparcialidad en la valoración de los hechos que se presentan en nuestro país. No solo se puede hablar de los derechos humanos de los que se manifiestan, sino también de los ciudadanos víctimas de las afectaciones y de los miembros de la Fuerza Pública que exponen su vida, los cuales demandan de su señoría una voz de apoyo”.

El martes, desde Ginebra, Suiza, Marta Hurtado, vocera de Bachelet, declaró que en la oficina estaban "profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida".

Hurtado lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones.

"Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali", dijo Hurtado, quien agregó que los "defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados".

“Un llamado a la calma”, hizo Hurtado, “dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta”.

"Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica", añadió.

"Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones", dijo.

Hurtado concluyó que "las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves".