La Corte Constitucional de Colombia confirmó la pena de cárcel para aquellos cuidadanos que eluden sus obligaciones fiscales (impuestos), respaldando así los cambios propuestos en la reforma tributaria, donde declaran exequible los artículos que fortalecen los tipos penales de la ley 2277 de 2022.
El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció la medida por medio de su cuenta de X, aclarando que "habrá cárcel por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes", destacando el respaldo de la Corte Constitucional a los ajustes planteados en la Ley 2277 de 2022. Esta decisión es crucial en un contexto donde la evasión fiscal en Colombia alcanza cifras preocupantes, estimadas en alrededor de $80 billones.
Buenas noticias: Habrá cárcel por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. La Corte Constitucional declaró EXEQUIBLES los artículos que fortalecen los tipos penales de la Ley 2277 de 2022. Se logrará evitar el daño que los evasores le causan al recaudo tributario.
— Luis Carlos Reyes (@luiscrh) February 7, 2024
La reforma tributaria, impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, establece penas que varían según la gravedad de la evasión. Quienes omitan activos o declaren pasivos inexistentes por un monto igual o superior a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($1.300 millones), podrían enfrentar hasta 48 meses de prisión.
Reyes enfatizó la importancia de esta medida para garantizar la integridad del sistema tributario y el adecuado recaudo de fondos para el Estado. "Es clave que los deudores a las arcas fiscales del país entren a normalizar y saldar sus cuentas con la DIAN para evitar el proceso judicial", señaló.
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La norma contempla también aumentos en las penas de cárcel en casos de evasión fiscal de mayor magnitud. Si el monto evadido supera los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad, reflejando la gravedad de la falta.
La decisión de la Corte Constitucional, aunque no fue unánime en la Sala Plena, respaldó la necesidad de fortalecer la legislación en materia fiscal y garantizar la justicia en casos de evasión de impuestos.
