Poner fin a los choques Nación-municipios por cuenta de la minería busca un proyecto de ley que impulsa el representante por Caquetá, Harry González, del Partido Liberal, junto a otros congresistas.

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto de concertación minera?

HARRY GONZÁLEZ: El proyecto de ley busca facilitar que cuando se haga el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Concejo de cada municipio, las entidades nacionales y las agencias Nacional de Hidrocarburos y Nacional de Minería, brinden la información para que se pueda planear el desarrollo del territorio, porque hoy los concejos están a ciegas y luego les llegan las licencias.

ENS: Pero el proyecto de ley no alcanzará a ser discutido en la presente legislatura…

HG: Luego de la realización de una audiencia pública se determinó que la iniciativa se vuelva a presentar luego del 20 julio para darle trámite y que el país cuente con una legislación minera moderna y adecuada a las realidades de cada municipio.

El 20 de julio vamos a radicar un nuevo proyecto con Angélica Lozano. Vamos a convocar a distintas bancadas a que nos acompañen y podamos tener en cuenta todas las observaciones e incidencias que presentaron tanto las organizaciones sociales, las empresas de minería y petróleo en Colombia y el Gobierno nacional.

ENS: ¿Entonces por ahora van a retirar el proyecto?

HG: El proyecto sobre concertación minera será retirado. Se encuentra en trámite en la Comisión Primera de la Cámara.

ENS: En este aspecto hay que trabajar en muchos frentes para que los municipios y los entes nacionales trabajen de forma coordinada...

HG: Es hablando como vamos a encontrar las soluciones del país.

En nuestra Colombia hay una tensión intensa entre los municipios y los organismos nacionales, pues los municipios reciben con sorpresa unas licencias que muchas veces no estimaron bien el impacto ambiental, cultural, ecológico, en la agricultura de los municipios.

ENS: Hay mucho conflicto en Colombia por la minería y otras actividades conexas…

HG: Colombia es el segundo país del mundo en el ranking de conflictos socio-ambientales.

Muchos de estos conflictos se deben a la tensión entre principios constitucionales y normas de menor rango y también a la existencia de vacíos jurídicos referentes a la forma de dirimir conflictos cuando hay traslape de competencias entre las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional.

En el caso de la exploración y explotación minera y de hidrocarburos, concretamente, hay una tensión latente entre dos principios constitucionales. Por un lado, la Constitución política dispone que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables; y por otro lado, la misma Constitución dispone que al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa le corresponde, entre otras funciones, ordenar el desarrollo de su territorio.

ENS: Pero hay consultas populares y otros mecanismo de participación. ¿Qué va a pasar con ellos?

HG: Las consultas populares no suplen de manera completa la necesidad de estructurar espacios y mecanismos transparentes y reglados de participación en la decisión sobre la autorización, definición y delimitación de un proyecto minero o petrolero en su territorio, pues las consultas suelen realizarse una vez se ha autorizado la realización de una actividad minera o petrolera en el municipio.

Entre algunos ejemplos se encuentra la consulta popular de Piedras (Tolima, 2012), Tauramena (Casanare, 2013), Monterrey (Casanare, 2013) y otras que se encuentran en trámite para ser realizadas como la de Ibagué y Cajamarca (Tolima).