Luego de que la Contraloría enviara una informe sobre la gestión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con respecto a la emergencia de la hidroeléctrica de Ituango, este caso volvió a ser centro de discusión.

Por un lado, el ente de control manifestó que el licenciamiento ambiental del proyecto de Hidroituango “estuvo plagado de errores” y cuestionó las acciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

El organismo de control empezó por señalar que la Anla le dio en 2009 la licencia ambiental a EPM para que iniciara el proyecto de una hidroeléctrica en Ituango, Antioquia, pese a que ya se sabía que la zona registra varias fallas geológicas y por esa época se habían reportado derrumbes.

Sin embargo, la Anla le recordó a la Contraloría que la licencia la emitió realmente el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pues la agencia ni siquiera existía. Esta se creó en 2011 y asumió el conocimiento y monitoreo del proyecto hidroeléctrico apenas hasta 2012.

Por otra parte, EPM es señalada por incumplimientos en los tiempos de entrega de algunas obras relacionadas con el proyecto. 

"Por la falta de estudios detallados, a lo largo de la ejecución, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó decisiones sin el sustento técnico suficiente”, lo que habría tenido influencia en las contingencias sucedidas en abril de este año, indicó el ente de control. 

Ante esto, EPM respondió que "ha suministrado a las autoridades y los organismos de control la información requerida para que se adelanten las revisiones sobre la gestión y la ejecución del proyecto".

Asimismo, indicó que "varios aspectos relacionados con los hallazgos anunciados por la Contraloría General de la República se encuentran desde hace varias semanas en proceso de investigación por parte de Auditoría Corporativa y Control Disciplinario de EPM".

Sobre el proceso de construcción y desarrollo del proyecto, EPM informó que este "siempre ha estado acompañado por las autoridades competentes".