Son 23 los bienes, avaluados en 156.000 millones de pesos, los que le fueron incautados por la Fiscalía a la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, y su esposo Francisco Javier Valencia, así como a las tres firmas constructoras que habrían obtenido irregularmente contratos de obras viales.

A través de un comunicado divulgado ayer, la Fiscalía anunció que tomó decisiones contra los presuntos responsables del denominado ‘festín’ de dádivas, con el que la administración de Armenia en el periodo 2012 – 2015 habría entregado los contratos de obra de desarrollo vial de la ciudad a cambio de 12.000 millones de pesos que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de funcionarios e intermediarios.

La Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio contra 23 bienes que estarían a nombre o en los que tendrían participación accionaria la exalcaldesa Valencia y su esposo, así como el constructor Fernando Díez, entre otros contratistas.

Las propiedades avaluadas en 156.000 millones de pesos fueron incautadas en una operación conjunta realizada por policía judicial de la Fiscalía, el Gaula Militar y personal del Ejército Nacional en Bogotá, Girardot (Cundinamarca), Pereira (Risaralda); Medellín, Sabaneta y La Ceja (Antioquia); y Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío). Entre los bienes ocupados hay 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos de comercio que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En el rastreo realizado por los investigadores de la Fiscalía al patrimonio de los involucrados en la defraudación a los recursos de Armenia, se constató que dos días antes de la captura de la exalcaldesa y su esposo, la pareja constituyó una sociedad denominada Valencia Otálvaro & Cía., con la cual habría empezado a ocultar y desviar parte de las propiedades que sostenían con los dineros que supuestamente recibieron para direccionar los contratos de obra.

Esa sociedad, algunas casas y fincas en las que aparecen como propietarios o tendrían participación la exfuncionaria y su cónyuge, fueron afectadas con las medidas de extinción de dominio.

Por otra parte, la Sociedad Constructora Díez Cardona S.A.S.; la Sociedad Constructora Furel S.A., del empresario Hernán Moreno Pérez, quien fue capturado; y la Sociedad Española Construcciones Lezo S.A.S., que conformaron las uniones temporales a las que les fueron entregados los contratos de las obras de Armenia en medio de presuntas anomalías y pagos de dádivas, también fueron ocupadas, así como las oficinas principales donde funcionaban en Medellín y Bogotá.

Para la Fiscalía está claro que las tres sociedades constructoras vinculadas a las investigaciones y sus bienes fueron destinados y utilizados como instrumentos para la comisión de una actividad ilegal que afectó las finanzas de Armenia. Adicionalmente, las medidas recaen sobre apartamentos, garajes y depósitos que aparecían a nombre de familiares del contratista Díez, capturado en el curso de las investigaciones.

Antecedentes

Entre marzo y abril del presente año, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 13 personas (funcionarios, intermediarios y contratistas) vinculadas a las investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de los planes de desarrollo vial de Armenia a un grupo específico de constructores.

En las indagaciones, la Fiscalía constató que la entonces alcaldesa Valencia obtuvo del Concejo de Armenia aprobación para realizar cobros de valorización y así financiar obras como puentes y vías, entre otras. Asimismo, la entonces mandataria expidió un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con absoluta independencia.

Ese aparentemente marco administrativo y legal habría servido para que el constructor Díez y el esposo de la exalcaldesa pactaran que toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a 111.262 millones de pesos, quedara en manos de dos uniones temporales, en las que figuraban las empresas de Díez y algunos de sus socios.

El acuerdo presuntamente se pactó con una entrega inicial de 300 millones de pesos y el pago de dádivas que correspondían al 10 por ciento del valor total de los contratos, cerca de 12.000 millones de pesos desembolsados en efectivo, que supuestamente salieron de los anticipos reconocidos a los constructores.