La Procuraduría General de la Nación radicó una acción popular para que la empresa gerente del proyecto de sus explicaciones

Una acción popular contra EPM, Hidroituango S.A., la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otras entidades fue la que radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Procuraduría General de la Nación, con el fin de investigar a fondo las afectaciones que el macro proyecto hidroeléctrico ha provocado al ambiente y las comunidades.

Con dicha acción, el Ministerio Público pretende que sea de obligatorio cumplimiento que los encargados de Hidroituango brinden las ayudas necesarias a las comunidades del bajo Cauca, ya que como según advierten, se han vulnerado sus derechos “por el ocultamiento e inexactitud de la información que ha sido suministrada”, la cual, para el organismo de control “no ha sido veraz y tampoco confiable”.

De hecho, la Procuraduría asegura que EPM ha tratado de ocultar la realidad de la problemática.

Añade la acción judicial que también se vulneró el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; y el derecho a la seguridad y prevención de desastres.

El recurso fue apoyado por los gobernadores de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar para que además se garantice el equilibrio ecológico. 

En la audiencia pública en Medellín, el procurador Fernando Carillo explicó que “la acción popular busca implementar por la vía judicial acciones de prevención en temas de protección de derechos de los afectados por toda esta crisis ambiental que se ha presentado”.

“Aquí puede haber mucho voluntarismo, muchas buenas intenciones, muchos compromisos en abstracto. Este país está lleno de listados de incumplimientos con las organizaciones sociales en los últimos 20 años. Una acción popular le pone orden a eso”, añadió.