En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya Pulgarín (2018 – 2022), por utilizar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el 1ro de marzo de 2019 para obtener de manera rápida y con una normativa ajustada a sus intereses su título como abogado.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el entonces parlamentario logró ventajas ante la Universidad de Medellín, que se materializaron en la obtención irregular del grado expedido, producto del trato preferencial que recibió por parte del centro académico.

De igual manera, el organismo de control comprobó que hubo manipulación de los reglamentos del ente educativo para regular los trámites y procedimientos del proceso formativo en beneficio de Bedoya Pulgarín, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional.

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En el mismo sentido, la Entidad validó que hubo alteración de varios documentos, que la presentación de exámenes en un mismo día no se ajusta con los tiempos estándar de un alumno de pregrado e incluso que aprobó asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó.

La Procuraduría estableció que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y que con su actuación quebrantó su deber funcional, por lo que calificó de manera definitiva la falta como grave cometida a título de dolo, la cual será convertida a salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la misma.

Cabe recordar que el 12 de abril del 2021, la Universidad de Medellín retiró el título universitario al exsenador tras examinar la forma cómo se graduó y detectar presuntas irregularidades.

Meses adelante en un fallo de tutela, la Corte Constitucional afirmó que la institución educativa no le respetó el debido proceso del excongresita.

"La Universidad ejerció su potestad disciplinaria cuando Bedoya había perdido dicha calidad y tenía la condición de egresado titulado. Cuarto, contrario a lo afirmado por la Universidad, el alcance de la competencia disciplinaria de las universidades respecto de sus egresados no es análogo al de la Procuraduría General de la Nación respecto de los exfuncionarios públicos. Quinto, pese a lo afirmado en el escrito de contestación de la tutela, la Corte no ha dispuesto que las universidades tienen competencia para ejercer su potestad disciplinaria en contra de egresados titulados”, indicó el alto tribunal en ese entonces.