LA RELACIÓN del Gobierno nacional con Antioquia ha sido hasta el momento más compleja que con cualquier otra región, además marcada por varios pulsos del presidente Petro con el gobernador Andrés Rendón y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Los dos mandatarios han señalado que la Casa de Nariño castiga al departamento en los recursos que gira la Nación, así como en distintos programas, lo que atribuyen a que supuestamente es una revancha porque no son afines al petrismo.

En las elecciones de octubre pasado, Rendón ganó la gobernación a nombre del movimiento ciudadano Por Antioquia Firme; mientras que Gutiérrez alcanzó la alcaldía de Medellín por el Partido Creemos.

Los dos políticos tuvieron en esos comicios el respaldo del Centro Democrático, Partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe y declarado en oposición al actual Gobierno nacional, que fue definitivo para que derrotaran a los candidatos de los sectores que apoyaba el mandatario Petro en esa cita con las urnas: Juan Upegui, en Medellín, y Esteban Restrepo a la gobernación.

La crispación inicial en la relación del Gobierno nacional con los mandatarios elegidos en los comicios de octubre del 2023, se debió a que la primera reunión que tuvo el presidente Petro con los gobernadores fue con los 14 elegidos por sectores políticos afines al mandatario.

El propio jefe de Estado dio cuenta en la red X de este encuentro: “En reunión con 14 gobernadores que fueron elegidos con las fuerzas que me apoyaron en mi primera vuelta presidencial”.

Entonces, comenzaron las voces en distintos departamentos en donde sus gobernadores o alcaldes de ciudades capitales no son afines a los sectores políticos del presidente, que el Gobierno beneficiaría a sus amigos políticos.

Las quejas

El gobernador de Antioquia se quejó esta semana por los subsidios asignados al departamento en el programa Mi Casa Ya.

“Antioqueños: el centralismo insiste en darnos golpes bajos. En el programa Mi Casa Ya, las asignaciones en subsidios de vivienda para Antioquia no se compadecen con el déficit que tenemos y con ser el departamento más poblado. Como ciudadano veo en la autonomía económica de las regiones el mejor camino para derrotar el centralismo que nos asfixia. Un centralismo que se mueve al vaivén de sus amores de turno”, sostuvo Rendón.

Este año se dio un pulso entre la Casa de Nariño y los gobernantes de Antioquia por recursos que no llegan para grandes obras de infraestructura.

En marzo pasado, el mandatario dijo con base en cifras del Ministerio de Transporte que una parte importante del presupuesto nacional se ha destinado para hacer vías 4G construidas, principalmente en Antioquia y Bogotá.

Sostuvo también que las inversiones en Antioquia favorecen a los ricos porque “se hacen entre El Poblado y Rionegro, donde quedan sus fincas”.

Petro dijo que “sin agua potable para el Urabá, no sirven para nada vías 4G”. A lo que el gobernador Rendón propuso que “presidente, busquemos un gana-gana para Urabá y Colombia: que la Nación ponga $1 billón para el agua de Urabá, la merece urgente, y nosotros, con ‘vaca’, ponemos otro billón (de pesos) para terminar las 4G. Entréguenos las vías, nosotros nos encargamos de ponerlas a funcionar”.

Obrando en ese sentido el Gobernador dio apertura a la ‘vaca’ y empezaron a llover los aportes de ciudadanos e incluso congresistas antioqueños y de otras regiones, logrando recaudar cerca de $4.000 millones. Entonces el presidente Petro dijo sobre esto que “es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo”.

Finalmente, la ‘vaca’ se suspendió y se devolvió la plata por las dudas jurídicas para seguir llevándola a cabo, así como por las demandas de pérdida de investidura contra varios congresistas que participaron. Entonces quedó de nuevo planteado la necesidad de cerca de $3 billones que corresponden a la Nación para finalizar las vías 4G Pacífico Uno, Túnel del Toyo, Vías del Nus.

En septiembre pasado se logró una salida parcial a esta problemática cuando el Gobierno nacional accedió ceder parte de las obras del Túnel del Toyo a la Gobernación de Antioquia, que serán realizadas con recursos del departamento y de la Alcaldía de Medellín.

Autonomía fiscal

El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín han sido críticos por la forma como el Gobierno nacional maneja los recursos, donde ha crecido en gastos de funcionamiento y en este momento presenta un déficit fiscal que obligó a suspender del presupuesto de este año la ejecución de cerca de $20 billones.

El gobernador Rendón impulsa un referendo de autonomía fiscal de las regiones buscando que los tributos de renta y patrimonio, hoy administrados por la Nación, pasen directamente a los departamentos.

El mandatario regional también se queja por la partida que el Gobierno le asigna a Antioquia en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025, que será expedido por decreto por el presidente después de que el Congreso no lo aprobara debido a que está financiado en $12 billones.

“Hoy, en el Presupuesto de la Nación del 2025, Antioquia tiene una reducción respecto al año anterior de un 25%. Nosotros somos el 15% del PIB, a precios del año 2022 Antioquia le manda a la Nación 30 billones de pesos y le devuelven vía Sistema General de Participaciones la sexta parte, y después toca esta rogadera para que la inversión regionalizada de las demás entidades tome lugar para atender las necesidades que se requieren en las regiones”, dijo el mandatario seccional.

Seguridad

Otro gran cortocircuito entre el Gobierno nacional y los mandatarios de Antioquia es por la política de paz total, debido a que la seguridad está bastante afectada por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo; las disidencias de las Farc y Eln, que se disputan el narcotráfico, la minería criminal y afectan a la población con la extorsión y violencia generalizada.

“La Fuerza Pública cumplía con su mandato constitucional de proteger a los ciudadanos. En contraste, hoy la Fuerza Pública está maniatada y no puede combatir eficazmente a los criminales debido a la política de la paz total”, sostiene Rendón.

Mientras que el alcalde Federico Gutiérrez ha dicho que “el Gobierno nacional lo que tiene que hacer es entender que la paz se construye a través de la fuerza del Estado en contra de las estructuras criminales, pero al mismo tiempo con toda la inversión social. Definitivamente en muchas regiones, estas estructuras criminales tomaron fuerza, son mafiosos y la mayoría busca reconocimiento político”.

Delegación minera

A finales de diciembre pasado produjo rechazo en las autoridades de Antioquia la decisión de la Agencia de Minería de no hacer una prórroga más a la delegación que tenía este departamento desde 2001, que lo autorizaba para otorgar títulos de exploración y explotación de minerales, así como ejercer el control en la materia. El entonces gobernador Aníbal Gaviria dijo que esto es una muestra del centralismo.

“La @ANMColombia notificó a @GobAntioquia que no prorrogará la delegación minera con el presunto argumento jurídico del carácter permanente que ha adquirido. Rechazamos esta decisión y su motivación, que vuelve a poner de presente el centralismo imperante en nuestros días”, señaló Gaviria en la red X.

El presidente Petro dijo en esa oportunidad que “mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. Recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”.