Hace unos días prometía, en estas mismas líneas, no hablar más de Gustavo Francisco ni de las decenas de escándalos que pululan todos los días en la agenda nacional, gracias a su estrategia caótica y sus pretensiones autócratas. Hoy, con vergüenza por no honrar mi palabra, rompo momentáneamente mi promesa pues la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación a la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y mis férreas convicciones demócratas, me obligan a detenerme en ello.

Siete magistrados del Consejo Nacional Electoral decidieron formular cargos y abrir investigación a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro Urrego, por presunta vulneración al límite de gastos y financiación prohibida. Hasta ahí todo bien. El asunto es que el comunicado emitido por el CNE da pie a que se genere una confusión sobre el alcance real de la investigación y la sanción, al mencionar que éstas abarcarían también a la persona de Gustavo Petro que, por tratarse de ser quien hoy -muy a pesar mío y de varios- ostenta el título de presidente de la República, tiene fuero integral.

Es importante destacar que el fuero contemplado en el artículo 174 de la Constitución Política no está pensado para proteger a Petro ni al presidente de turno, sino para salvaguardar a la institución presidencial, de ahí que, exigir su respeto sea también garantía para blindar al Estado de Derecho.

Sé que lo que voy a decir no va a caer bien en muchos de los que conmigo comparten el disgusto personal por las políticas del gobierno actual y por los rasgos individuales de quien lo lidera, que además desvelan las peores calidades de la naturaleza humana y que, seguro mi sinceridad al respecto, me traerá muchas críticas. No obstante, como alguien que cree en los principios que salvaguardan los sistemas democráticos, tengo que decir que las garantías no son ni pueden ser, selectivas.

El Estado de Derecho reposa en la existencia de unas normas y límites que deben respetarse independientemente del sujeto que vaya a verse afectado por el cumplimiento o no de dicha normativa. Esas son las garantías que imponen límites a los deseos omnipotentes de los pichones de tiranos y a quien ostente, momentáneamente, el poder del Estado. Dicho esto, hay que entender que en nuestro sistema ese fuero integral que tiene el presidente, con una única excepción en materia fiscal, hace que cualquier investigación o sanción en su contra deba pasar por el conducto que ordena la Constitución para tal fin, que es la Comisión de Acusaciones y luego el Senado; y la Corte Suprema de Justicia en caso de que haya mérito para una investigación penal.

El comunicado del Consejo Nacional Electoral, que se deriva del Concepto del Consejo de Estado en el que se abre paso para que en lo administrativo se entienda la competencia del CNE para investigación y sanción, dejó abierta una zona de penumbra de la que hábilmente se han pegado el presidente de turno y sus adoradores. Esa falta de precisión al vincular a su persona individual a las investigaciones sin acotar el espectro de alcance, en lugar de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, abrió paso a que la conversación se centrara en la eventual violación de garantías, y no en lo que debería ocuparnos como país y es la evidencia de financiación excesiva e ilegal de la Campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.

A un personaje de los alcances del prócer de Ciénaga de Oro no pueden lanzársele salvavidas, pues cualquier imprecisión será hábilmente aprovechada para desvirtuar el fondo real de la acusación y distraer al país con narrativas recalentadas de un tal golpe de Estado que sólo existe en sus deseos más íntimos.

Mi llamado, que se suma al de importantes juristas como los doctores Iván Cancino o Juan Manuel Charry, es a no desafiar la Constitución. No le generemos escenarios a Gustavo para su victimización internacional, llamado a la revuelta, ni para responder a un proceso jurídico con argucias políticas. Tampoco nos dejemos amedrentar.

Tenemos suficientes instrumentos jurídicos para que la ilegitimidad del Gobierno Petro sea evidenciada y sancionada. Exijamos que, en Derecho, se lleve el proceso. Así podremos decir, sin lugar a equivocarnos, que a lo que el presidente llama golpe de Estado, nosotros lo llamamos justicia. Dura lex, sed lex.