Investigan a Audifarma por posibles faltas en entregas de medicamentos | El Nuevo Siglo
La semana pasada la Supersalud visitó sede de Audifarma. Foto: captura de pantalla de Supersalud
Miércoles, 4 de Septiembre de 2024
Redacción Web

Tras detectar presuntas fallas en la dispensación oportuna de medicamentos, las cuales afectaron a pacientes ubicados en los departamentos de Caldas y Risaralda, la Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación con fines sancionatorios contra el gestor farmacéutico Audifarma.

​​De acuerdo con la entidad, esta apertura del proceso administrativo sancionatorio se ordena con base en una auditoría integral realizada a finales de mayo pasado por la Delegada de Operadores Logísticos y Gestores Farmacéuticos sobre sedes de Audifarma en Manizales, Pereira, Marquetalia, Viterbo y Manzanares, donde se dispensan medicamentos para afiliados a las EPS Salud Total y Nueva EPS.

Durante esta inspección, el equipo auditor relacionó los medicamentos pendientes por fecha de solicitud de entrega y número de días sin entrega, contabilizando en el periodo de enero a mayo de 2024 un total de 5.046 medicamentos sin entregar con demoras de entre 10 y hasta 106 días. 

Esos lapsos de mora significan que “los tiempos establecidos para dispensación excepcional están completamente desbordados”, señala un aparte de la resolución que ordena el proceso sancionatorio por parte de la Superintendente Delegada de Investigaciones Administrativas. 

El informe de auditoría evidencia también que a los pacientes se les daban explicaciones erradas respecto a las entregas de sus medicamentos, lo que podría constituir barreras de carácter administrativo que afectaban a los usuarios y que hubieran podido ser subsanadas con una comunicación entre el Gestor Farmacéutico (Audifarma) y la EPS, a fin de evitar que los afiliados se trasladaran a otros lugares buscando los medicamentos. 

Deficiencias en inventarios de medicamentos 

​​La investigación de la Supersalud indaga presuntas deficiencias del gestor Audifarma en tema de inventarios, toda vez que en la auditoría se registraron serias fallas en los procesos de adquisición, descargue, control y seguimiento de inventarios. 

 

​“​​​​​En las auditorías se ha evidenciado la falta de entrega oportuna de medicamentos por errores administrativos tales como la falta de inventarios y que hace que cuando las personas se acerquen al gestor farmacéutico se les diga que no hay medicamento aun cuando se tenga en la bodega poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas”, señaló el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.

Se encontraron casos en que los usuarios iban por sus medicamentos a las sedes de Audifarma y no se los entregaban porque el sistema mostraba que no había existencias, pero físicamente sí los tenían. También se daba el caso contrario: el sistema mostraba ‘disponibilidad del medicamento’, y en el inventario físico no se encontraban. 

​La auditoría señala que los anteriores hechos podrían demostrar notorias fallas en lo relacionado con el control de inventarios, concluyendo que posiblemente Audifarma no cuenta con un proceso estandarizado, implementado y controlado de inventarios, “lo que conlleva a la generación de reprocesos administrativos a los usuarios, no disponibilidad real de medicamentos para entrega (faltantes y sobrantes) manifestaciones equívocas de desabastecimiento a los usuarios y, sobre todo, inoportunidad en el tratamiento de los usuarios, generando riesgo de vida a los mismos”. 

Al haberse determinado una serie de presuntas falencias en todo el componente de dispensación de medicamentos y tecnologías en salud, en los cuales Audifarma tenía una responsabilidad como actor del proceso de atención que le implicaba ser garante del derecho a la salud de los usuarios, la Supersalud inicia la investigación administrativa sancionatoria. 

La Supersalud realizó traslado de este proceso a entes de control como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación, para que, de acuerdo con sus competencias, coadyuven en la defensa del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia.