Beneficios a implicados en escándalo de la DNI habrían sido otorgados a cambio de dinero

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Una autoinvestigación abrió la Fiscalía para establecer la veracidad de una denuncia que asevera que en su unidad encargada de investigar actos de corrupción sucedidos al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes, operaría un cartel de los principios de oportunidad que habría entregado beneficios a cambio de fuertes sumas de dinero. El ente investigador a cargo de Néstor Martínez inició las averiguaciones en este sentido atendiendo una solicitud de la Corte Suprema, que fue enterada de estos hechos.

En la sentencia donde la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de casación al exfiscal antinarcótico Camilo Bula, quien de esta forma pretendía tumbar una condena de 18 años de prisión, remitió a la Fiscalía una denuncia que le llegó a la magistrada Patricia Salazar, donde se señalan irregularidades al interior del ente acusador.

El exfiscal Bula fue condenado por el manejo irregular de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes, específicamente por los delitos de falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, peculado por apropiación y fraude procesal.

La denuncia tiene que ver con beneficios que fueron otorgados en la Fiscalía entre los años 2013 y 2015 a implicados en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, sin el lleno de los requisitos legales y que a juicio de la Corte Suprema de Justicia amerita una investigación.

Lo que se conoce hasta el momento  es que en el periodo antes señalado la unidad encargada de investigar actos de corrupción sucedidos al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes otorgó dos principios de oportunidad.

“En la unidad de Fiscalía, encargada de investigar actos de corrupción sucedidos al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes, opera un cartel de los principios de oportunidad, integrado por funcionarios que han aplicado tal figura a cambio de gruesas sumas de dinero, sin exigencias de reparación y devolución de bienes como condición para renunciar a la persecución penal”, indica la Corte Suprema a la Fiscalía acerca de la denuncia que llegó a sus manos.

La Fiscalía acusó recibido de la solicitud de la Corte Suprema de Justicia y ordenó iniciar las investigaciones del caso. El objetivo es establecer la legalidad de esos beneficios entregados en un periodo de tres años durante la administración de Eduardo Montealegre.

El mecanismo

El principio de oportunidad fue incluido en el ordenamiento jurídico procesal que entró en vigencia a partir del Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004. Aunque existían reparos sobre la manera como la Fiscalía General de la Nación podría hacer uso de la posibilidad de renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal, finalmente se incluyó el mecanismo como una importante herramienta para lograr la solución alternativa de conflictos derivados de conductas punibles de poca monta, impulsar la justicia restaurativa como mecanismo de reconstrucción del tejido social, evitar la imposición de penas innecesarias, lograr la colaboración de personas involucradas en conductas punibles para lograr la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, entre otros fines.