Según la Fiscalía, los dineros de los contratos falsos en la Ruta del Sol en realidad podrían tener como destino el pago en Colombia de sobornos  de Odebrecht

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Recursos de naturaleza pública habrían podido ser utilizados indebidamente permitiendo su apropiación a favor de un tercero, advirtió ayer la Procuraduría General de la Nación.

La consideración fue plantada a través de un comunicado en el que la Procuraduría les formuló pliego de cargos al representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol (Consol), Eder Paolo Ferracuti, así como a los miembros de la junta directiva Eleuberto Martoreli y Alberto Mariño Samper por presunta falsedad en documento que habría autorizado pago por más de $9.400 millones a la Sociedad Profesionales de Bolsa S.A.

El órgano de control le reprochó a Ferracuti la presunta suscripción del documento (de fecha 27 de octubre de 2014) a través del cual comunicó a la Compañía de Profesionales de Bolsa S.A, que debidamente facultado para el efecto, aceptaba la oferta mercantil de marzo 27 de 2014, cuyo objeto era la prestación de servicios asesoría financiera y banca de inversión, perfeccionando de esta manera un contrato presuntamente falso, en virtud del cual habría autorizado pagos por un valor de $8.378.000.000, y total incluido IVA de $9.467.270.400, cifra que al parecer superaba el límite estatutario de contratación sin autorización de la junta directiva.

Los pagos fueron aprobados a partir de las facturas Nos. 55043 del 15 de diciembre de 2014, 55053 del 14 de enero de 2015, 55064 del 11 de marzo de 2015 y 55072 del 11 de mayo de 2015, con cargo a recursos públicos consignados en patrimonio autónomo constituido para la ejecución del Contrato Estatal de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI) y la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

Para la Procuraduría, con esta conducta el ciudadano portugués habría utilizado indebidamente recursos de naturaleza pública, permitiendo su apropiación a favor de un tercero.

En el caso de Martoreli y Mariño Samper presuntamente, en los meses de marzo y abril de 2015, se pusieron de acuerdo para falsificar el acta de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de fecha 21 de febrero de 2014, con el fin de incluir la autorización a Ferracuti para que contratara con la firma Profesionales de Bolsa, aspecto que no fue aprobado en la reunión.

Según el órgano de control los investigados presuntamente incumplieron el deber de obrar de buena fe, el de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y el de observancia de lo pactado en el contrato, que establecía el compromiso de buen uso de los recursos provenientes de aportes del INCO y recaudo de peajes.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta de los investigados como gravísima a título de dolo.

Contratos falsos

En noviembre del año pasado, la Fiscalía publicó un comunicado en el que informó que el valor de los presuntos contratos simulados en Ruta del Sol podría llegar a $65.000 millones.

Según la Fiscalía estas sumas de dinero en realidad podrían tener como destino el pago en Colombia de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, socia mayoritaria del concesionario.

Como lo ha publicado oportunamente EL NUEVO SIGLO, Odebrecht pagó durante dos décadas sobornos para conseguir contratos en 12 países (Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) a través de una Caja B que denominó en su organigrama empresarial como Sector de Relaciones Estratégicas.

En Colombia, detalló la Fiscalía, los primeros contratos que comprometían el pago de sobornos fueron identificados entre el 12 y 15 de junio de 2017 por intermedio de las declaraciones del exsenador liberal Otto Nicolás Bula Bula. Los contratos se referían a las firmas Consultores Unidos Colombia, Consultores Unidos Panamá, Profesionales de Bolsa, SION y TTU (Técnicas Territoriales y Urbanas).

Por investigación paralela, para la misma época fue hallada información que vincula a la empresa Grupo Mundial de Ingenieros.

El 25 de julio de 2017 el fiscal de conocimiento ordenó una inspección a las instalaciones de Consol en el sector de Lizama (Santander). En las diligencias fue recopilada información contractual relacionada con las empresas Torrosa, RGQ, Gistic Soluciones Integrales y Presoam. La Fiscalía informó que respecto de todas las empresas se realizaron todos los actos investigativos pertinentes, tales como entrevistas, informes contables, declaraciones e inspecciones judiciales.

En el caso particular de Torrosa, adicionalmente la Fiscalía citó a diligencia de interrogatorio a Javier Torres, representante legal de la compañía.