La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al vicepresidente de Auditoria Corporativa, Gustavo Alejandro Gallego Hernández, por falta de cumplimiento de requisitos para el cargo. 

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá verifica si el servidor público no cumple con la experiencia necesaria que exige la ley para ocupar este cargo directivo; al parecer, lo mínimo exigido son 52 meses y según la documentación tan solo contaría con aproximadamente 48 meses. 

Debido a esto, el ente disciplinario confirma si el investigado vulneró los principios de moralidad pública y transparencia. 

Finalmente, el Ministerio Público busca identificar si las conductas antes descritas constituyen falta disciplinaria. 

Por otro lado y en relación a la empresa EPM, el 21 de agosto, el Concejo de Medellín aprobó la venta del 50% de participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Tigo-UNE, con 16 votos a favor y 5 en contra. El gerente de EPM, John Maya Salazar, justificó la decisión afirmando que es necesario redirigir recursos hacia áreas estratégicas debido a las pérdidas acumuladas de 2,1 billones de pesos en telecomunicaciones entre 2021 y 2023.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que los fondos de la venta se invertirán en proyectos de innovación y mejora de infraestructura en la ciudad. La valoración preliminar de las acciones es de aproximadamente 1,6 billones de pesos. La medida ha sido criticada por la oposición y el exalcalde Daniel Quintero, quienes cuestionan la gestión actual y la privatización de activos estratégicos.