Hasta el momento la Fiscalía y varias organizaciones sociales han entregado reportes 

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El próximo miércoles en una audiencia pública la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) valorará los criterios de priorización sobre los informes que, con ocasión del conflicto armado, ha recibido por parte de entidades del Estado, organizaciones de víctimas, la sociedad civil y Derechos Humanos.

Con ese propósito la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) invitó a las organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos, a las instituciones y a la ciudadanía en general, a que hagan sus aportes por escrito hasta el 15 de junio del presente año.

Vale recordar que además de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos como Credhos, Corporación Reiniciar, Grupo de Víctimas del Nogal, el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras, han hecho entrega de sus informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad.

En días pasados, la SRVR presentó una propuesta de guía de priorización de casos y situaciones para comenzar a recibir comentarios y aportes de las víctimas del conflicto armado.

Dicho anteproyecto establece que una vez delimitado el universo provisional de hechos y conductas que cumplen con factores de competencia de la SRVR, y disponiendo de suficiente información, se aplicarán criterios de priorización que le permita establecer un orden racional de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados.

“Este proceso dinámico y progresivo de aplicación de criterios permite incorporar los ajustes necesarios a la política en los distintos momentos del SIVJR (Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación), con el fin de enfrentar de forma más eficiente los desafíos que se presenten. Esta comprensión permite dotar de legitimidad y coherencia al sistema, en la medida en que posibilita la administración de justicia de manera pronta y aumenta la capacidad de responder gradualmente a los derechos de las víctimas y a los intereses de la sociedad civil”, indica el borrador del proyecto de priorización de los informes con ocasión del conflicto armado.

Según la propuesta de proyecto los criterios de priorización tienen dos dimensiones: impacto y disponibilidad de la información. La dimensión de impacto a su vez tiene dos componentes: subjetivo y objetivo. El componente subjetivo del impacto de los casos y situaciones se refiere a las características de víctimas y de los presuntos responsables. El componente objetivo se refiere a los hechos.

En el criterio subjetivo del impacto la priorización de casos y situaciones por el componente subjetivo del impacto tendrá en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas; impacto diferenciado en los pueblos étnicos y sus territorios; y la representatividad de los presuntos responsables.

En tanto que la priorización de casos y situaciones por el componente objetivo del impacto tendrá en cuenta la gravedad de los hechos, magnitud de la victimización, representatividad de los hechos.

En el marco de estos criterios, la SRVR tendrá que identificar y analizar planes o políticas, elementos de sistematicidad y patrones de macrocriminalidad. Al respecto, en virtud del Acto Legislativo 01 de 201720, la Sala resalta que “no se podrá presumir el carácter masivo o sistemático de las conductas punibles investigadas, ni que el hecho ha sido cometido como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de los crímenes”.

La priorización de casos y situaciones en la SRVR se guía también por el principio de simetría y tratamiento equitativo, equilibrado y simultáneo entre quienes hubieran participado en el conflicto armado interno. Corresponde a la SRVR asegurar que la gestión de los casos de su competencia atienda el mandato constitucional y del Acuerdo Final de simetría y tratamiento equitativo de quienes hubieren tenido participación determinante en las conductas más graves y representativas del conflicto armado.

Primeros reportes

El pasado 30 de mayo la Fiscalía entregó a la JEP los primeros informes con el inventario de casos relacionados con el conflicto armado, secuestros por parte de las Farc y victimización a miembros de la Unión Patriótica  por parte de agentes del Estado.

Sobre estos informes  la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, dijo que "son esenciales y vitales para dar comienzo a una labor que le corresponde a la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, que es la puerta de entrada a la Jurisdicción. Esa Sala ha venido trabajando de forma muy intensa. En cuatro meses ya contamos con un reglamento y la ley de procedimiento está ad portas de salir del Congreso".