La empresa que quiera entrar como inversionista a Electricaribe deberá tener un patrimonio superior a los US$500 millones, tal y como quedó establecido en el Reglamento de Primera Fase acordado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Superintendencia de Servicios Públicos y el Agente Interventor de Electricaribe.

Asimismo señaló una disposición donde podrán pre-calificar y presentar ofertas todos aquellos interesados que cumplan con los requisitos técnicos y financieros, y con un número de usuarios superior a 600 mil.

Según la FDN se busca un inversionista-operador para el sistema de distribución en los siete departamentos de la Costa Caribe Colombiana.

A partir de este momento y durante un período aproximado de dos meses, el Agente Especial y los asesores externos, liderados por la FDN, discutirán la oportunidad con todos aquellos inversionistas interesados en operar la red de distribución que hoy es propiedad de Electricaribe y atender los aproximadamente 2.6 millones de suscriptores que tiene la empresa.

De acuerdo con el presidente de la FDN. Clemente del Valle, “después de una profunda evaluación de la situación de la empresa dimos nuestra recomendación de un conjunto de acciones requeridas para asegurar la adecuada gestión de la compañía, lograr la viabilidad financiera, en particular en relación con el marco tarifario, la validación de los planes de inversión, y la necesidad de un esquema de garantías gubernamentales para darle liquidez a Electricaribe en el corto plazo”.

Sostiene el directivo que “una vez aprobado nuestro plan de acción por parte del Gobierno nacional, estamos dando el paso siguiente, el cual es iniciar un proceso de mercado abierto, transparente y competitivo para buscar un inversionista estratégico con capacidad financiera y experiencia técnica para gestionar adecuadamente el plan de transformación que requiere la compañía, con el fin de garantizar el mejoramiento y la continuidad de la prestación del servicio de energía a los habitantes de la región Caribe”.

Los principales objetivos de esta primera fase son realizar un proceso de pre-calificación de potenciales interesados, a través del cual se busca que demuestren su experiencia y su capacidad financiera, y entregar a los interesados información para que preparen una oferta de acuerdo con los términos que se han definido en el reglamento.

En cuanto a la precalificación, se han establecido criterios que se consideran suficientes para lograr una pluralidad de ofertas y, al mismo tiempo, garantizar que los inversionistas a quienes se adjudique el negocio tengan las capacidades de ejecutar el plan de inversión que requiere la red y de aplicar mejores prácticas en la operación.

Sobre las ofertas, éstas tendrán un carácter no vinculante, mecanismo que permite a los inversionistas avanzar en el análisis de la oportunidad mientras se definen las condiciones definitivas en las cuáles se presentarán las ofertas vinculantes por el negocio.

De manera paralela, Electricaribe continúa trabajando en la preparación del expediente tarifario según la Resolución CREG-015 de 2018, el cual deberá ser presentado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas a más tardar el 17 de septiembre de este año.

“Esperamos que la retroalimentación que se reciba durante en esta fase permita diseñar una estructura de venta que maximice el valor para los actuales stakeholders, es decir usuarios, acreedores y accionistas actuales. En una segunda fase trabajaremos para atraer a la mayor cantidad posible de inversionistas, con el fin de asegurar que el inversionista elegido sea el más conveniente para los usuarios, acreedores y accionistas, además de ejecutarla en el menor tiempo posible”, agregó del Valle.

La FDN junto con la banca de inversión internacional Lazard, la banca de inversión Ágora y la firma de abogados Brigard & Urrutia, adelantan desde mediados del año anterior, la asesoría para la consecución de una solución estructural para la recuperación de la viabilidad de Electricaribe.  

Por último, es de precisar que, el Gobierno nacional, a través de unos préstamos con garantía de la nación aprobados por el Conpes, ya está facilitando el acceso a los recursos necesarios para iniciar en los próximos meses un plan de inversión que será aproximadamente cinco veces la inversión anual de los últimos siete años.