El día de hoy se reunirá la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales con el fin de evaluar las medidas que permitan garantizar el normal desarrollo de la consulta popular anticorrupción programada para el día 26 de agosto, encuentro que fue convocado por el saliente ministro del Interior, Guillermo Rivera.

A esta sesión fueron convocados los órganos de control, las Fuerzas Militares, las entidades competentes en temas electorales y los comités promotores del Sí y de la abstención.

La semana pasada, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició los sorteos de jurados de votación que atenderán la consulta popular anticorrupción.

En las capitales de departamento los sorteos se realizaron el 31 de julio pasado y en los demás municipios del territorio nacional se realizarán entre el 2 y 9 de agosto. En todo el país los sorteos se harán con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público y los comités promotores del Sí, el No y la abstención.

El primer sorteo se realizó este lunes 30 de julio en Bogotá para elegir 100.223 jurados de votación. Las capacitaciones en Bogotá iniciarán el 3 de agosto y se extenderán hasta el 23 del mismo mes.

De igual manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que un total de 36.421.026 colombianos están habilitados para votar el 26 de agosto en el país y en el exterior, durante la consulta popular anticorrupción.

Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 18.819.136 son mujeres y 17.601.890 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 97.027 mesas distribuidas en 11.233 puestos de votación en todo el territorio nacional.

En el exterior se ubicarán 235 puestos de votación en consulados, donde se instalarán 1.330 mesas, para que los 827.635 colombianos habilitados fuera del país puedan sufragar. Del total de ciudadanos 446.422 son mujeres y 381.213 son hombres.

En la capital del país 5.727.326 colombianos están habilitados para sufragar, de los cuales 3.052.326 son mujeres y 2.675.000 son hombres, en 14.485 mesas que se instalarán en 642 puestos de votación.

Las preguntas

La consulta anticorrupción es una iniciativa ciudadana que tuvo eco en el partido Alianza Verde, la cual inició su trámite desde principios de 2017, pero con antecedentes a finales de 2016, cuando era generalizado el malestar por el crecimiento de este fenómeno con hechos tan escandalosos como los multimillonarios sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena y la olla podrida que se destapó permitiendo detectar las coimas que pagó la constructora brasileña Odebrecht para hacerse a contratos.

También estaba para la Alianza Verde la frustración que le había generado el hecho de que más de cinco proyectos con medidas contra la corrupción que radicó en el Congreso terminaron hundiéndose o empantanados en su trámite.

En ese sentido, la consulta anticorrupción que promueve esta colectividad y sus parlamentarios recoge los objetivos de cinco proyectos, como es el caso del proyecto de ley de transparencia, archivado en tres oportunidades; dos veces el que reduce los salarios de los parlamentarios; dos veces el que pone límites a la reelección en corporaciones públicas; así como una iniciativa sobre contratación pública.

Lo más llamativo de esta iniciativa es que para su presentación al Senado con miras a obtener el aval de conveniencia para llegar a las urnas cuenta con el respaldo de 4.312.653 firmas de ciudadanos, la cifra más alta de apoyos hasta el momento en lo que ha sido el desarrollo de este mecanismo de participación contemplado por la Constitución.

Los ciudadanos, en la fecha ya establecida, deberán responder las preguntas sobre reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales; que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel; establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo.

La cuarta pregunta es sobre establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios; también obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas.

Finalmente obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés; así como establecer un límite de máximo tres períodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular.