DE NADA han servido los discursos de la Ministra de Educación en los que manifiesta que se piensa enfocar solo en la educación pública y que quiere fortalecerla. De nada sirvieron los anuncios hechos tras el cierre del programa ‘Ser Pilo Paga’. La comunidad de las universidades públicas no cree en los discursos ni en tanta exposición mediática, y como se preveía desde el inicio del semestre, esta semana se recrudecerán las acciones.

Par el 10 de octubre se anunció otra movilización de estudiantes universitarios, por otra parte, cuatro profesores de distintas universidades, entre ellos el ex rector de la Universidad Pedagógica, enviaron una carta al presidente Iván Duque y a la ministra María Angulo. Las universidades se acaban de declarar en asamblea permanente y los recortes en funcionamiento crecen. A continuación los hechos que evidencian las tensiones entre el Gobierno y el sistema de educación pública.

La marcha del 10 de octubre

Las agrupaciones estudiantiles han decido organizarse para marchar el miércoles. La rectora de la Universidad Nacional afirmó que solo hay presupuesto para este semestre. Las universidades públicas afirman que el déficit de funcionamiento es de 3 billones de pesos y el de infraestructura asciende a 16 billones. La situación también se evidencia en la imposibilidad de abrir plazas para profesores de planta y mejorar las condiciones salariales de los profesores catedráticos.

Las universidades en asamblea

Hasta el pasado viernes, 15 universidades se declararon en asamblea permanente, entre ellas la de Antioquia, Nacional, Pedagógica, Distrital, Industrial de Santander, Quindío, Tolima, Caldas y Córdoba. Eso significa que se bloquearán algunos edificios, se suspenderán clases y se realizarán debates en función de la defensa de la educación estatal, el aumento de recursos para la financiación y la organización de las condiciones para el paro nacional que comenzará el próximo 10 de octubre.

La carta de los profesores

Siete puntos centrales han pedido en carta pública el ex rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo Atehortúa, y los profesores Yepes de la Universidad de Caldas, Marín del Quindío y Aguirre de la UIS: implementar de forma gradual la gratuidad en la educación superior, adicionar inmediatamente un mínimo de 5 puntos del IPC a los presupuestos actuales, un rubro destinado a la ampliación y mejoramiento de la planta física, destinar el 40% del medio punto de IVA Social, el porcentaje destinado a ese mismo rubro en el Impuesto a la Renta y Complementarios (Antiguo Cree), y una suma equivalente al excedente cooperativo. También busca reducir el pago de impuestos a los profesores y reformar los decretos sobre el sistema de aseguramiento de la calidad. La carta también se envió a los senadores de la República, pues todas estas demandas de reformas requerirían de trámites en el legislativo.

Un tema de recursos e ideología

La situación de las universidades es preocupante, pero también se trata de un profundo debate ideológico y de medir fuerzas, pues se ha confundido la educación pública con la estatizada. Acá hay una posición donde está la visión de que solo se debe financiar la oferta y no la demanda. Eso lleva a que muchas universidades no crezcan en número de estudiantes, pero las demandas de las condiciones gremiales primen sobre el acceso y la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

La educación es un derecho y un servicio público,  y el sistema colombiano se estructura en uno estatal donde el Estado financia el 90% de la matrícula con el recaudo de impuestos, y uno privado donde el estudiante o sus familias deben pagar el 90% del costo de la matrícula. La demanda solo piensa en los primeros y pretende hasta desproteger a los segundos, insistiendo en eliminar el Icetex, o la financiación dependiente del ingreso. Es un pulso de fuerzas donde hay demandas necesarias como la contratación de planta docente, recursos para el funcionamiento y la investigación, y otras exageradas como pretender la gratuidad total desconociendo que la educación de calidad requiere recursos e inversión y del mismo modo, pidiendo que los profesores de planta paguen menos impuestos, cuando la forma de financiación del sistema requiere un eficiente cobro de impuestos, toda una contradicción.