Este jueves el contralor general de la República, Edgardo Maya, reveló un informe en el que asegura que en 14 años los congresistas han recibido 54 billones de pesos  en cupos indicativos.

Maya Villazón dijo que el estudio en tal sentido concluyó así que en promedio se ha entregado a los parlamentarios $4 billones anualmente, para que los distribuyan en sus regiones, tema del cual eventualmente podrían salir investigaciones a los involucrados.

De otra parte dijo que está a dispuesto a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley de Infraestructura, para evitar que en aplicación del mismo el Estado colombiano termine pagando a Odebrecht el soborno que cobró esta multinacional.

Maya Villazón calificó este artículo como “un sacrilegio de la mayor indignidad”, dado que ampara nulidades absolutas por objeto o causa ilícita, y puede llevar a reconocer los gastos en sobornos o pagos indebidos.

Recordó que en su momento, al inicio de trámite del proyecto, él mismo señaló por escrito la inconveniencia de esa disposición al presidente de la Cámara de Representantes.

"En el caso de Odebrecht, el Estado colombiano tiene que pagarle el soborno que cobró al contratista. Eso sale de las arcas del Estado y eso no es posible y se lo dije al ministro”, indicó.

Precisó que esta acción de inconstitucionalidad, que ya está redactada, se presentará formalmente ante la Corte Constitucional en caso de que al término de esta legislatura no se reforme el articulado cuestionado, con la absoluta certeza de que se ganará.

“Estamos esperando. El gobierno está pendiente de presentar un proyecto a ver qué sucede. En el evento en que no haya corrección, tenemos lista la demanda para presentarla”, subrayó el Contralor en declaraciones que concedió luego de intervenir en el Panel “la Corrupción: el fin de la democracia”, que se realizó hoy en la Universidad Javeriana.

El artículo 20 de la Ley de Infraestructura establece que en casos de nulidad absoluta de un contrato se podrán hacer toda clase de reconocimientos al contratista.

“Resulta que los colombianos fuimos los que terminamos pagando en el caso de Odebrecht. Esto no puede ser así. La demanda ya está hecha y la vamos a ganar”, explicó.

Finalmente reveló que la Contraloría se apresta a intervenir en el caso de Hidroituango, para lo cual se está haciendo la forma de hacerlo por parte de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física.

Aunque los dineros de las Empresas Públicas de Medellín son auditados por la Contraloría de esa ciudad y el recurso de la Nación es mínima, la CGR tramita actualmente una solicitud para que ejerza un control excepcional.

“Vamos a estudiar esa solicitud, para proceder si se puede hacer esa auditoría sobre lo que ha sucedido y las inversiones que se han hecho en Hidroituango”, explicó.