Los estudiantes de derecho que terminan su carrera este año serán los primeros obligados a cumplir el nuevo requisito para obtener la tarjeta profesional, que implica aprobar un examen de conocimientos que hará el Consejo Superior de la Judicatura.

El vicerrector de Gestión Académica de la Universidad Sergio Arboleda, José María del Castillo, indicó a EL NUEVO SIGLO que “con esta Ley, Colombia un poco se pone a la par de otros países en donde también se exige que para poder ejercer la profesión como abogado se tienen que obtener dos requisitos. En Colombia se acudió al requisito de presentar el examen de Estado y obtener un puntaje, y creo que eso está bien porque eso lo que busca es mejorar la calidad de la formación de los estudiantes de derecho, la calidad de las universidades y la calidad de las facultades de derecho”.

Algunos han expresado críticas a la nueva medida porque es un requisito que no se exige para ejercer en todas las profesiones.

Al respecto, Del Castillo señaló que “lo que pasa es que en Colombia existe una gran disparidad de facultades de derecho, existen muchas facultades de derecho, muchas muy buenas, otras no tan buenas, y otras que no son buenas, y entonces en teoría todas deberían darle a los estudiantes las mismas capacidades y competencias para ejercer la profesión, pero en la práctica eso no es así. Y por ejemplo la mejor comprobación es que en los exámenes que ahora realiza el Icfes Saber Pro se encuentran unas grandes diferencias entre unas universidades y otras. Y entonces lo que se busca es que si quiero ejercer la profesión de abogado, debo presentar el examen para demostrarle al Estado que sí estoy calificado”.

Añadió que “muchos han dicho que por qué no se aprovechó el examen de Estado y que de una vez ese examen hubiera servido para cumplir con el otro requisito. Digamos que ahí hay una discusión. Muchos dicen que ‘si ya se hace el examen de Estado y lo hace el Icfes, para qué hacen otro examen, el mismo examen podría servir para las dos cosas’. Pero otros consideran, en medios del Congreso, que ‘preferimos que lo haga el Consejo Superior de la Judicatura’”.