Un primer informe relativo a los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, que da cuenta de irregularidades que han sido detectadas en el ejercicio del control fiscal, que comprometen recursos públicos y que podrían estar relacionadas de manera directa o indirecta, con el conflicto armado interno, entregó ayer a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el contralor general Edgardo Maya.

El organismo de control atendió así una solicitud de la JEP relativa a hechos que han ocurrido en esos tres municipios desde 2007, para determinar su relación con el conflicto.

Luego de consultar sus sistemas de información, la Contraloría encontró para este primer informe que en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, para el período 2013-2017, la Contraloría adelantó un total de 24 actuaciones de control fiscal en las modalidades de auditoria, actuaciones especiales de fiscalización y atención de denuncias, detectando un total de 159 hallazgos.

En relación con los hallazgos con presunta incidencia fiscal, en el municipio de Tumaco se detectaron 27 irregularidades por un valor de 3.092 millones de pesos, mientras que en los municipios de Barbacoas y Ricaurte se configuraron cinco y siete respectivamente, en cuantías de 2.147 millones de pesos y 220 millones de pesos.

Igualmente, se observó que más del 80% de los procesos adelantados por la Contraloría en los tres municipios analizados, se concentran en Tumaco, donde se han proferido fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de 1.246 millones de pesos, encontrándose en trámite 17 procesos, cuya valor asciende a 1.577 millones de pesos.

Según explicó el Contralor, para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta dos aspectos: por un lado, los resultados de las actuaciones de control fiscal adelantadas por la Contraloría, definidos en los hallazgos con presunta incidencia fiscal trasladados a los operadores fiscales, y por el otro, los procesos de responsabilidad derivados de los mismos.

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De conformidad con el punto 5.1.2 del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc, la Contraloría tiene el deber de remitir a la JEP, la relación de casos con presunta incidencia fiscal que se hayan cometido con ocasión o en desarrollo del conflicto armado colombiano.

Otros apartes del Acuerdo Final también mencionan a la Contraloría al referirse al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales, al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, al Sistema Integrado de Información y Medidas para la Transparencia de la Implementación del Proceso y finalmente, en lo concerniente a los mecanismos de participación y verificación.

Para atender este mandato, el Gobierno nacional expidió el Decreto Ley 888 de 2017, por el cual se creó en la Contraloría General de la República la Unidad Delegada para el Posconflicto, como una dependencia autónoma que tiene la misión de liderar y coordinar las acciones y compromisos de este organismo de control, relacionados con el seguimiento de los recursos públicos que invertirá el Estado colombiano durante los próximos 20 años, de cara a la implementación del Acuerdo Final.

“La Contraloría, a través de esta Unidad y la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, ha gestionado con la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una nutrida colaboración”, destacó Maya.

Y así concluyó: “Hemos logrado establecer los términos dentro de los cuales se deberá recopilar y remitir la información, de modo que la misma sea oportuna y útil de cara a las exigencias y funciones de la JEP, dirigidas a establecer un contexto o patrón en determinadas regiones del país, en donde las irregularidades que hayan sido detectadas en ejercicio del control fiscal, comprometan el concurso de recursos públicos y estén relacionados de manera directa o indirecta con el conflicto armado interno”.