El hecho de que sin terminar octubre el Gobierno esté cerca de cumplir la meta de erradicación de cultivos ilícitos fijada para todo el 2020, es un espaldarazo a la estrategia antidroga.
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Ayer el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reveló que a 24 de octubre se había logrado erradicar 98.056 hectáreas de coca, de las 130 mil que se proyectan este año. Una cifra bastante importante no solo porque se combate el mayor involucramiento de las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, las bandas criminales de gran espectro (tipo ‘Clan del Golfo’) y los carteles mexicanos en el negocio ilícito (así como en el pico de violencia asociado), sino porque el porcentaje de resiembra de los cultivos ilegales continúa estando por encima del 30 por ciento.
“Es una cifra importante (98.056 hectáreas), pues supera el total de erradicación de la Fuerza Pública en todo el 2019. Y es un esfuerzo que debemos exaltar de nuestros soldados, infantes, policías y erradicadores, ya que lo han alcanzado pese a la violencia y sevicia con la que actúan los grupos armados organizados al servicio del narcotráfico, con la utilización de minas antipersonal y francotiradores, así como la instrumentalización y amenazas a las comunidades para evitar la labor constitucional de la Fuerza Pública, y pese a la campaña de deslegitimación y estigmatización que algunos han puesto en marcha”, dijo Trujillo.
Las cifras son contundentes: a 15 de octubre se habían destruido 4.215 laboratorios de procesamiento de drogas. En materia de interdicción se incrementaron las incautaciones de cocaína en 13% este año: 388 toneladas. De igual manera, se incautaron 462 toneladas de hoja de coca y 51 toneladas de base de cocaína. Los decomisos de marihuana también aumentaron 38%, al pasar de 310 toneladas en 2019 a 427 en 2020.
¿Cómo van?
Como se recuerda, cuando este Gobierno arrancó Colombia sumaba siete años seguidos de alza en la extensión de narcocultivos. Solo este año, tras conocerse los informes de la Casa Blanca y Naciones Unidas, Duque resaltó que se logró frenar la tendencia de aumento de los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola.
El informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EU, revelado en marzo pasado, registró que en 2019 había 212.000 hectáreas de narcocultivos, con un leve aumento de 8% de la producción potencial de cocaína.
En tanto que, en junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en Colombia indicó que el país en 2019 registró 154.000 hectáreas cultivadas, una baja de 9% frente a las 169.000 de 2018.
La alerta, sin embargo, es que si bien hay menos área cultivada, la producción de cocaína se mantuvo estable por una mayor productividad de los cocales. De igual manera, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína se estimó en 1.137 toneladas métricas, 1,5% más que en 2018.
De hecho ayer el presidente Duque, durante la Cátedra Colombia, sostuvo que “… el 7 de agosto del año 2018, nosotros habíamos encontrado un país donde los cultivos ilícitos se habían disparado exponencialmente entre los años 2015 y 2018, pasando de menos de 60 mil hectáreas sembradas de cultivos ilícitos a más de 200 mil…”.
Agregó que en 26 meses de mandato “… no solamente hemos logrado quebrarle la tendencia creciente, de manera exponencial, a los cultivos ilícitos. Y hemos visto, además, que en el primer año tuvimos una reducción cercana al 10%, que será, por supuesto, afianzada cuando se consoliden las cifras del año 2020, donde, a hoy, a la fecha de hoy, ya igualamos los resultados de erradicación del año 2019 y estaremos acelerando que lleguemos a la meta de 130 mil hectáreas erradicadas en el 2020, para seguir manteniendo esta tendencia a la baja.”.
Sustitución, clave
Ahora bien, alcanzar esa meta de las casi 100 mil hectáreas a octubre no ha sido fácil. Obviamente la clave ha estado en el aumento sustancial de los Grupos Móviles de Erradicación y de las unidades militares y policiales dedicadas a esta tarea.
De igual manera, el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (Siima) de la Policía, mediante tecnología de alta precisión como satélites y sensores aerotransportados, permite identificar los puntos exactos donde hay cultivos ilícitos, permitiendo una mayor eficacia en las operaciones. Incluso, el Gobierno implementó 10 acciones para que la captura de información, transmisión de datos y validación de las hectáreas erradicadas sea transparente y verificada por Naciones Unidas.
Obviamente las esperanzas del Gobierno estaban puestas en reforzar la tarea con la reanudación de la fumigación aérea de narcocultivos con glifosato, pero tras 15 meses de que la Corte Constitucional diera el visto bueno a la aspersión, pero bajo fuertes condicionamientos ambientales y una disminución sustancial de los daños colaterales a fuentes hídricas, salud humana y animal así como a sembradíos legales, no se ha podido habilitar esta herramienta clave.
De hecho ayer el propio Ministro de Defensa recalcó que “… tenemos nuestras capacidades listas para que la aspersión aérea sea una herramienta de precisión, completamente acorde a la normatividad ambiental y que nos permita reducir significativamente el área con cultivos ilícitos en Colombia”.
Enfatizó que “el enemigo de Colombia es el narcotráfico, no un herbicida. La aspersión, en conjunto con la erradicación y la sustitución, es indispensable porque el narcotráfico mata, comete masacres, acaba con la vida de líderes sociales, deforesta, induce a los jóvenes al consumo y al crimen, genera corrupción y atenta contra los derechos humanos”.
Pero a falta de glifosato la sustitución de sembradíos ilegales ha sido clave para seguir avanzando en la lucha contra este flagelo. Precisamente la semana pasada, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, afirmó que el Gobierno está cumpliendo “… con la implementación de la política de Paz con Legalidad, con la que se ha impulsado la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, mediante la provisión de bienes y servicios; la estructuración de proyectos; la gestión de recursos; la puesta en marcha de alternativas de desarrollo para la promoción de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y el impulso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
Resaltó el esfuerzo gubernamental al invertir casi un billón de pesos en el programa de sustitución de cultivos ilícitos que -dijo- se recibió desfinanciado, sin planeación ni programación para atender a casi 100 mil familias vinculadas en acuerdos individuales.
Mencionó acciones complementarias en sustitución, como el “pago por servicios ambientales”, que se trabaja en zonas de parques naturales para familias en áreas de reserva; la estrategia de “Formalizar para sustituir”, que permite la legalización de predios y el acceso a recursos; y el modelo “Hecho a la Medida”, que vincula a las comunidades que cambian los cultivos de coca por productos lícitos y reciben apoyo del Gobierno, autoridades locales y regionales, comunidad internacional y el sector privado, para desarrollar sus proyectos.
También se presentó un balance de la implementación del Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda), un proceso de participación entre comunidades, Gobierno nacional y autoridades locales para sustituir cultivos ilícitos y estructurar soluciones a requerimientos de las comunidades.
Igualmente se informó que a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se beneficia a 99.097 familias que le apostaron a la legalidad en 14 departamentos y 56 municipios del país.
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Incluso Hernando Londoño, Director de Sustitución de cultivos ilícitos, enfatizó que “con los nuevos modelos de sustitución de cultivos ilícitos, sumados al PNIS se pueda alcanzar las 150 mil familias comprometidas en eliminar 150 mil hectáreas de hoja de coca”.