La decisión de reversar la venta de Cafesalud a Medimás obedeció a que la EPS no cumplía con los indicadores de permanencia, tales como condiciones financieras y de solvencia para funcionar.

Así lo establece un informe conocido por EL NUEVO SIGLO en fuentes cercanas al proceso, en el que se resalta que “presenta dificultades en la gestión del riesgo en salud de la población afiliada por diferencias en el proceso de caracterización de la población, indicadores de impacto en salud y la deficiente red de prestadores de servicios de salud, para la demanda de la población”.

De acuerdo con la conclusión, la situación repercutió en el aumento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), por “la insatisfacción de la garantía  del aseguramiento, generando con ello acciones de tutela y desacatos por la deficiente prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios de Salud y las tecnologías no incluidas en dicho plan, contraviniendo normas como la Ley 100 de 1993” y otras como la 1122 de 2007, la 1438 de 2011, la 1751 de 2015, además del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, el 682 de 2018, el 1011 de 2016 y la Resolución 1604 de 2013.

La determinación de reversar la venta de Cafesalud a Medidás se anunció el pasado 3 de octubre por parte de la Procuraduría General tras ser informada por la Agente Especial Liquidadora de Saludcoop EPS, Ángela María Echeverri.

La decisión fue una respuesta al requerimiento hecho el 2 de agosto por el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, para que se aplicara lo dispuesto en el reglamento de compraventa.

A diario los usuarios de Medimás se quejaban por la demora en las citas, la falta de atención, la no entrega de medicamentos, a lo que se sumó el reclamo de los trabajadores por la demora en los pagos.

Pero los problemas de la EPS no son nuevos y por ello el mismo procurador Carrillo, el pasado 14 de julio había solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud que la interviniera, resaltando que “es una verdadera bomba de tiempo”.

La petición del Ministerio Público tuvo como fundamento, en ese momento, los hallazgos denunciados por el contralor de ese entonces, Edgardo Maya, sobre irregularidades administrativas, financieras y de prestación de servicios de salud.

Ese día, el 14 de julio, Carrillo indicó que “Medimás no va a seguir jugando con la salud de los colombianos. Llegó el momento de adoptar medidas definitivas que obliguen a esta EPS a cumplir la ley”.

Y es que según el referido informe del Contralor General, estableció que la EPS giró $718.623 millones de recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, a proveedores médicos sin que existan soportes legales y sin las garantías necesarias. Otros $280 mil millones se encuentran pendientes por legalizar, con vencimientos de más de 90 días, y $261 mil millones más presentan vencimientos de más de 60 días.

La auditoría dejó al descubierto que a diciembre de 2017 Medimás giró anticipos que superan los $541 mil millones, sin que a la fecha se hayan legalizado, lo que significa que dineros públicos están en poder de terceros, sin que medie justificación legal.

Además, al momento en el que se anunciaron que se reversaba la venta de Cafesalud a Medimás, el procurador Carrillo explicó que uno de los incumplimientos que más preocupaba a la entidad era el cierre de ocho de las 19 clínicas que integran Esimed, sumando a la falda de pago de los cánones de arrendamiento, “deuda que asciende a los $32 mil millones, así como la falta de condiciones para la debida atención de los usuarios”.

De la misma manera, según lo afirmó la Liquidadora a la Procuraduría, en relación con el cronograma de pagos de las acciones de Cafesalud por parte de los compradores, “se encuentra en mora de más de 90 días, habiendo hecho el último pago parcial en el mes de julio, lo que ubica la deuda en más de $71 mil millones, sin incluir los intereses de mora”.