LA ASOCIACIÓN de Mineros de Santander cuestionó la declaratoria de la zona de reserva natural en la región de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente liderado por Susana Muhamad, “por la cual se declara una zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán en jurisdicción de los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga del departamento de Santander”.

La medida, según anuncia la cartera, que sería de manera temporal por los próximos dos años, buscaría “proteger las cuencas hídricas que abastecen de agua a 1.3 millones de personas en los siete municipios de la región y el área metropolitana de Bucaramanga”. De acuerdo con la ministra Muhamad, esta resolución iría a consulta pública y buscaría una participación de los diferentes actores implicados en esta medida.

No obstante, desde la asociación de mineros y diversas consejerías municipales vieron la medida como una estrategia arbitraria de esta cartera, que “condena a la ilegalidad a más de 29.000 personas, pues deja a todo el territorio en zona de conservación que prohibiría la realización de actividades mineras, agropecuarias ni agroindustrial”, señaló Fabio Maldonado, director de Consotonorte.

En su anuncio, Muhamad y el Ministerio de Ambiente señalaban que se “pone en consulta pública el proyecto de resolución para declarar una Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán durante los próximos 20 días calendario con el fin de recibir observaciones, comentarios y propuestas de la ciudadanía”.

Asimismo, puntualiza que el ordenamiento de esta resolución se debe a la realización de nuevos estudios para determinar las zonas en las que se puede, o no, hacer minería.

En los documentos emitidos por el ministerio también se afirma que conforme a “los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política, establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, pero además “que de conformidad con los artículos 332 y 334 de la Constitución Política, el Estado es propietario de los recursos naturales no renovables y tiene a cargo la dirección general de la economía, por tanto, este intervendrá en la explotación de los recursos naturales”.

Por su parte, Ivonne González, presidenta de Asomineros en el municipio de Vetas, Santander, puntualizó que el “proceso de participación que ella (Muhamad) tanto anunció en la COP16 es una burla al acuerdo de Escazú. Que la justicia ambiental y la concertación de políticas ambientales con las comunidades ha quedado reducido a enviar comentarios en un sitio web”.

González también dijo en un comunicado que desde el ministerio aún no han hecho las gestiones para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el más reciente paro minero y campesino que bloqueó las vías de esa región durante cerca de una semana.

“La ministra venía amenazando hace meses que nos iba a sacar la reserva de una forma inconsulta, pasando por encima del gobernador, alcaldes, del procurador y más de 30.000 personas que nos veremos de una forma discriminatoria”, sentenció la vocera, que además calificó este movimiento como una estrategia política de Muhamad.

Las implicaciones de la zona de reserva

De acuerdo a la resolución, los impactos de esta resolución no afectarían al desarrollo de actividades mineras, ganaderas ni agropecuarias o de construcción que en este momento tengan aval de las diferentes entidades reguladoras. No obstante, la zona de reserva sí impediría la expedición de nuevas títulos o licencias para la explotación minera y permisos de construcción en la zona, durante la vigencia de los dos años.

Sin embargo, desde Asomineros también se advierte que “la ministra Susana Muhamad pretende confundir a la opinión publicada denominando a esta Área de Reserva como de Santurbán, pues precisamente el área reservada queda completamente por fuera del Páramo de Santurbán cuyo proceso de delimitación participativa fue ordenado por la Corte Constitucional, con lo que la ministra demuestra que está dispuesta a desconocer las órdenes de la máxima autoridad judicial del país y a las comunidades que creímos en el proceso de concertación”.

Desde la organización se advirtió que en conjunto con grupos mineros de diferentes grupos mineros del país habrá una declaratoria de “desobediencia civil”, contemplando la posibilidad de emprender marchar a Bogotá para acudir a las acciones legales posibles y frenar la aplicación “arbitraria” del polémico decreto 044.