Narcotráfico, ¿qué tan mal le fue a Colombia en 2017? | El Nuevo Siglo
Foto archivo AFP
Domingo, 25 de Febrero de 2018
Redacción Nacional
Colombia está como el estudiante vago que, sabiendo que no estudió para el examen final, solo aspira a que su nota no sea tan mala el día que el profesor de a conocer la calificación
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Pocas horas faltan para conocer qué tan rajado está el Gobierno nacional en su lucha antidroga desde el punto de vista de las autoridades norteamericanas. 

A más tardar el 1 de marzo de cada año, el Departamento de Estado debe presentarle al Congreso norteamericano el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report, Incsr), que certifica –o descertifica, aunque desde 2002 no se habla de ‘certificación’ sino de ‘designación’– la cooperación de los esfuerzos de los países en la lucha contra todos los aspectos del comercio internacional de drogas, el control químico, el lavado de dinero y los delitos financieros.

 

Como el estudiante vago que, sabiendo que no estudió para el examen final, solo aspira a que su nota no sea tan mala el día que el profesor de a conocer la calificación, así Colombia solo espera saber qué tan mal le fue. Y todo parece indicar que Colombia quedará, como mínimo, con matrícula condicional.

 

Mala nota

 

La DEA (Administración para el Control de Drogas, Drug Enforcement Administration), que no depende del Departamento de Estado sino del de Justicia, pero cuyas estadísticas con toda seguridad tienen las mismas fuentes, anunció en la semana que acaba de terminar, que Colombia se mantiene como el país desde donde llega más cocaína a EU.

 

Así lo demostraría el volumen de incautaciones realizadas el año pasado (94 %) frente a las hechas en 2016 (90 %). "El 94 % de todas las muestras de coca decomisada en EU tenía como origen Colombia", dijo en Washington la especialista en Recolección de Inteligencia de la DEA, Leah Bloomenstein, durante un foro sobre la lucha contra el narcotráfico, en el que advirtió también sobre un aumento de los cultivos de coca en Colombia en 2017 y 2018.

 

De acuerdo con Bloomenstein, es previsible que en 2017 aumenten las hectáreas de cultivos de coca en Colombia así como la producción, y que "seguirán creciendo en el 2018", pues todavía están por madurar cultivos que se sembraron en el 2015 y que solo ahora están arrojando su máximo potencial.

 

Como ya lo trajo a colación hace poco EL NUEVO SIGLO, el año pasado el informe del Departamento de Estado declaró que el 90 % de la cocaína incautada en Estados Unidos tenía origen en Colombia, advirtiendo que la producción experimentó "el incremento más grande jamás registrado".

 

Para la dirigencia norteamericana el tema es de tal gravedad, que trascendió que el presidente Donald Trump estuvo a punto de recomendar la descertificación de Colombia (designarla como una nación que no coopera con la lucha antidroga) y no lo hizo para reconocer el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

 

Semanas antes de la visita a Bogotá del secretario de Estado, Rex Tillerson, el periodista Nick Miroff del diario The Washington Post, reveló que en septiembre, durante una conversación telefónica entre el presidente Juan Manuel Santos y Trump, éste le reclamó a aquel, por los resultados de la lucha antidroga.

 

Trump le habría dicho a Santos que “tenemos un desastre en nuestras manos y a usted le preocupan más los guerrilleros que la gente americana”.

 

Las 188.000 hectáreas sembradas de coca contabilizadas en 2016, representan un incremento del 18 % frente a las cultivadas en el 2015, que fueron 159.000, como lo reveló en marzo del año pasado la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (White House Office of National Drug Control Policy, Ondcp).

 

En noviembre, durante su visita a Estados Unidos, el vicepresidente Óscar Naranjo dijo que es importante evaluar de manera distinta el desempeño de Colombia en la lucha antidroga.

 

Para el general (r) Naranjo, “debe ser una evaluación no solo basada en una cifra de cultivos, sino que debe tener un enfoque multidimensional que, por ejemplo, valore el esfuerzo y los resultados colombianos en materia de interdicción”.

 

Bajo esa premisa, Naranjo comparó cifras de 2002 y 2016, señalando que la interdicción pasó del 16 al 42 % “y al final, de lo que se trata es de que no llegue cocaína a Estados Unidos. Eso significa ver el tema de los cultivos en la productividad: de qué tantos esfuerzos hacemos para que aquí no llegue esa cocaína”.

 

De mal en peor

 

Tanto la producción como las hectáreas sembradas con coca en Colombia han crecido a partir de 2013.  En materia de cultivos ilícitos, según las cifras del ya citado informe de la Ondcp, entre 2013 y 2016 los sembrados de coca aumentaron en más del 130 %, de 80.500 hectáreas en 2013 a 188.000 hectáreas en 2016.

 

Mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, Unodc) indicó en su Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos con fecha de corte el año pasado, que se produjo un incremento del 52 %, al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.

 

Ya el año pasado el mal estudiante decidió que prefería la nota menos mala, olvidando que su ‘profesor-evaluador’ no estaba en Viena, sede de la Unocd, sino en Washington, y que la calificación de éste era la que realmente importaba.

 

Si Colombia es designada como un país que no coopera con la lucha antidroga, podría perder recursos para la implementación del proceso de paz.   Es posible que, a cambio de no ser descertificada, la Casa de Nariño deba, por ejemplo, reasumir la aspersión aérea, así como reducir el apoyo al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y al acuerdo sobre drogas ilícitas suscrito en La Habana.

 

Por lo pronto, los recortes en la ayuda tienen que ver con la promesa de Trump de rebajar el gasto en materia de asuntos exteriores.  Los 180 millones de dólares que Washington le presupuestó a Colombia en 2017, este año bajarían a 100 millones de acuerdo con la propuesta que está en manos de los congresistas norteamericanos, recursos que irán a “implementar una paz sostenible” con foco en “las zonas más afectadas” por el conflicto armado.