El procurador Fernando Carrillo hace un diagnóstico muy detallado de varias de las crisis y problemáticas del país empezando por la escalada de asesinatos de activistas, los altibajos en la lucha anticorrupción y qué pasa con el caso Odebrecht y la JEP. También habla sobre los peros al decreto del glifosato y cómo manejar las garantías y límites de la protesta. Como si fuera poco, responde a quienes dicen que está alistando aspiración presidencial y del caso Besaile  

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EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los procesos clave para este 2020?
FC: Este es un año para consolidar resultados de la Procuraduría en varios frentes. Entre ellos está el sancionar y erradicar el volteo de tierras y los carteles de la alimentación escolar; controlar el precio de los medicamentos, depurar el sistema de salud frente a EPS incumplidas y mejorar el servicio de salud para los colombianos; consolidar la acción popular contra la corrupción de Odebrecht y avanzar en las sanciones disciplinarias de este caso; adoptar nuevas medidas normativas en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, probidad y protección de quejosos y declarantes; consolidar el diálogo social; avanzar en la protección y atención de las víctimas; erradicar los atentados contra líderes sociales. En síntesis, avanzar en la ruta de una Procuraduría ciudadana y con los pies en los territorios.

ENS: Crece la racha mortal de asesinatos o amenazas a líderes sociales ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Estado y la sociedad no reaccionan? ¿Será que el foco de la opinión pública está ahora en otros asuntos más coyunturales?
FC: Enero fue un mes nefasto frente a los atentados contra líderes sociales. El país no puede perder el foco: la prioridad es hacer frente a esta amenaza. No podemos tolerar ni un muerto más de nuestros líderes de tierras, de comunidades étnicas, de juntas de acción comunal, de nuestros campesinos y veedores. Seguimiento, vigilancia y acciones concretas para ampliar la protección colectiva, modernizar los esquemas de cuidado, fortalecer y actualizar la UNP y generar conciencia social en este tema; todas estas son tareas inaplazables.

ENS: Día tras día aumenta el número de desmovilizados asesinados ¿Fracasó el Estado en la protección de esta población?
FC: Colombia no puede tolerar fracasos en esta materia. Hemos advertido esta dolorosa realidad, justamente al evaluar el cumplimiento del Acuerdo Final. Por ello, el llamado es a que las autoridades refuercen y actualicen los esquemas de protección y se siga fortaleciendo la justicia para enfrentar a los criminales que atentan contra líderes sociales y contra desmovilizados, en buena medida auspiciados por el narcotráfico y las economías ilegales, en minería, deforestación, tala de bosques y explotación ilícita de las riquezas naturales.

ENS: ¿Cuál es la posición de la Procuraduría sobre el pleito de las 16 curules que, según el acuerdo de paz, deben ser ocupadas por las víctimas del conflicto?
FC: La Procuraduría le ha solicitado al Presidente del Senado que tramite para sanción presidencial el acto legislativo que formaliza la creación de esas curules, por considerar que a la luz de las normas y la doctrina constitucional fue aprobado. Estamos a la espera de que ello ocurra.

ENS: Crecen los casos de xenofobia contra los venezolanos, echándoles la culpa de problemas internos de vieja data en los que no tienen culpa ¿Qué hacer?
FC: Continuar con la campaña que ha liderado el Ministerio Público para prevenir la xenofobia. Impulsar la adopción de políticas públicas y estrategias a nivel nacional y territorial para formalizar la presencia de los venezolanos en el país, la cual, entre otras cosas, ha dinamizado la economía reciente del país. Esto es, garantizar que no se les explote laboralmente en perjuicio del trabajador colombiano; asegurar fuentes de pago para los servicios de salud y educación que se les preste; generar acciones precisas para el manejo de la población privada de la libertad de origen venezolano y, en general, fomentar en las administraciones territoriales, programas específicos de inclusión y atención social.
 

Protesta, garantías y límites

ENS: Marchas, paros, cacerolazos, plantones… ¿Qué está pasando en Colombia en materia de clima social y cuál debe ser el papel del Estado frente a ello?
FC: En muchos países se escuchan reclamos desde la sociedad, los grupos poblacionales y la juventud, especialmente. Colombia no escapa a ello, además con las particularidades de una sociedad como la nuestra, que apenas arranca su proceso por superar un conflicto armado de décadas. Colombia tiene una institucionalidad fuerte y probada; además cuenta con una democracia fuertemente arraigada, que ni siquiera las fuerzas más dañinas del narcotráfico lograron minar. Son tiempos de cambio y transición a nuevas realidades sociales y políticas, en los que la interacción con las tecnologías es inédita. Frente a ello es clave escuchar y consolidar plataformas institucionales de diálogo; mantener un espíritu abierto a las novedades de esta transición social y avanzar, descartando la polarización, hacia la atención de los justos requerimientos de poblaciones y territorios olvidados.

ENS: “Conversación nacional” con todos los sectores, “Diálogo social” amplio e incluyente, “Mesa exploratoria” con el Comité de Paro… ¿Con quién hablar y cómo evitar que se generen explosiones sociales como las ocurridas en otros países latinoamericanos?
FC: Colombia es bien diferente a otros países. Nuestra experiencia se ha formado en medio del dolor de la violencia y siempre hemos respondido con más democracia. Por medio del diálogo inclusive acallamos las armas de la guerrilla más antigua del continente. El diálogo ordenado, con todos los actores y desde las instituciones, es el mejor antídoto contra explosiones violentas. Por supuesto, en esto todos tienen que poner de su parte. Quienes protestan y reclaman son también obligados a renovar sus formas de expresión; entre todos tenemos que repudiar, controlar y sancionar a los violentos. Las marchas sociales no deben dejar colar a los agitadores a sueldo.

ENS: Hay quienes proponen acabar con el Esmad, otros reformarlo y algunos fortalecerlo ¿Cuál es la postura de la Procuraduría?
FC: La organización de la Fuerza Pública es un tema de política pública, regulado jurídicamente. Lo que hay que hacer es cumplir la Constitución y la ley. El control policial debe cumplir con los protocolos aplicables en cada situación y ceñirse a la finalidad de proteger la vida, los bienes y la integridad personal.

La actuación de la Policía es esencial para la convivencia armónica y debe contar con el apoyo ciudadano. Igualmente debe ser vigilada y para eso la Procuraduría actúa. Como ejemplo, recuerdo que hace algunos días la Procuraduría solicitó a la Policía suspender el uso de un arma para el control de disturbios, en tanto se ajustaba el protocolo y se cumplía con especificaciones de entrenamiento para los uniformados. Como todas las instituciones, la Policía debe actuar y contar con el respaldo de todos, ajustándose siempre a lo que la Constitución manda.

ENS: ¿Cómo ve el protocolo implementado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López?
FC: Es importante que los mandatarios locales asuman de manera directa y prioritaria la orientación y ejecución de las estrategias, tanto para garantizar el orden y la seguridad, como para fomentar el diálogo social y evitar la violencia. En uso de su autonomía, la definición de protocolos ayuda en esa dirección. Entre más claras sean las reglas, mejor.

ENS: ¿Es viable regular la protesta social? ¿Hay sectores del país afectados por los paros que exigen que el Estado también defienda sus derechos? ¿Qué hacer?
FC: Los principios tanto para el diálogo social como para el ejercicio de la protesta están claramente definidos en la Constitución. Existen además leyes que desarrollan la materia. Pienso que el tema no se agota en más regulación, sino en hacer cumplir las reglas vigentes.

Pero además, este es un momento por ejemplo para la autorregulación. Hemos invitado a los promotores de las movilizaciones a que se dicten sus propias normas de conducta, para asegurar los derechos de todos los ciudadanos, especialmente en el tema de la movilidad. Soñamos en un pronto futuro con movilizaciones sociales propositivas, en espacios que no afecten el desplazamiento de los demás ciudadanos, que utilicen los símbolos y erradican las piedras. De hecho, la música, el arte, las expresiones étnicas y culturales ya se han tomado estas marchas y eso es muestra de la riqueza de Colombia. Nosotros no le tenemos miedo a la expresión social. Pero a los vándalos hay que sacarlos de las protestas y ponerlos a responder ante los jueces.
 

Corrupción ¿guerra perdida?

ENS: Prescripciones en casos emblemáticos de corrupción ¿Se está perdiendo la guerra contra los delincuentes de cuello blanco que, a punta de dilaciones de sus abogados, logran excarcelaciones y cesación de la acción penal?
FC: Estamos empeñados en el fortalecimiento de la justicia. La consulta “Voz por la Justicia” ha sido una plataforma de diálogo social impulsada por la Procuraduría para escuchar a la gente en sus necesidades frente a este campo. En todo el país se clama por el acceso local a la justicia y, especialmente, por enfrentar la delincuencia. Con nuestros procuradores judiciales actuaremos en los procesos penales, como hasta ahora lo hemos hecho, para advertir y evitar que se dilaten las actuaciones. Apoyo a la Fiscalía en esta materia y búsqueda de nuevas herramientas, como el fortalecimiento de la acción de extinción de dominio para que sea más expedita. Combatiendo la economía de los delincuentes vamos a lograr ganar la guerra contra la corrupción.

ENS: El Congreso acaba de aprobar el proyecto de ley que impide la casa por cárcel para procesados por corrupción ¿Qué impedirá que no termine siendo ‘rey de burlas’ por las leguleyadas jurídicas?
FC: La Procuraduría vigilará celosamente su cumplimiento. Se trata de un esfuerzo conjunto con la justicia, con la Fiscalía y con la sociedad; especialmente es preciso lograr que se respete a las víctimas.
ENS: En el caso Odebrecht hay quienes dicen que los procesos penales, disciplinarios, fiscales, electorales y administrativos van a cuentagotas ¿Será que también termina imperando la impunidad?
FC: No. Colombia ha producido la sanción pecuniaria más alta en Latinoamérica por este caso, gracias a la acción popular instaurada por la Procuraduría. Se han producido decisiones disciplinarias y avanzan las investigaciones. Vendrán más resultados.
ENS: ¿Cómo solucionar el tema de Aida Merlano recapturada en Venezuela? ¿Cuál puede ser la salida para pedir su extradición?
FC: La activación de los mecanismos internacionales de cooperación es la salida, especialmente con Interpol, y la búsqueda de que se apliquen tratados multinacionales. Venezuela debe respetar las normas de cooperación judicial y policial internacional.
 

¿Candidatura presidencial?

ENS: La afirmación del presidente Duque en torno a que había “precandidaturas presidenciales emergentes” fue entendida como una indirecta al Procurador ¿Se sintió aludido? ¿Tiene Usted una aspiración presidencial in pectore?
FC: No soy candidato a nada. Mi aspiración es servirle a Colombia como Procurador hasta el último día de mi mandato, cumpliendo la Constitución y la ley y defendiendo los derechos de los colombianos. Desde el día cero les he dicho a los funcionarios de la PGN que quien haga política desde la Procuraduría es mejor que se vaya.
ENS: ¿El proyecto de reforma a la justicia que pretende inhabilitar por cuatro años al Procurador, Contralor y Fiscal para que se postulen a la Presidencia lo siente en contra suya? ¿Qué piensa de esa propuesta?
FC: No opino sobre esta materia.
 

JEP y caso Besaile

ENS: ¿Es un error que la JEP acepte a personas como el excongresista Musa Besaile?
FC: La Procuraduría en todo momento y como vocera de las víctimas ante la JEP ha expresado su opinión en cuanto a impedir que se trasladen a esa jurisdicción temas que no tengan que ver con el conflicto armado, menos en materia de corrupción. Sobre el caso específico no me pronuncio. Los delegados a quienes compete el estudio concreto ya se han expresado ante la JEP.
ENS: Bessaile ha dicho que va a revelar algunos temas relacionados con su elección ¿Qué responderle?
FC: Lo que tenga que decir el señor Besaile que lo exprese ante la autoridad competente, que es la justicia penal ordinaria. Mi vida y mi trayectoria de servicio público están abiertas al escrutinio público.
 

Campanazo sobre glifosato

ENS: ¿Cuáles son sus críticas en concreto frente al tema del decreto del glifosato?
FC: La Procuraduría celebra que se avance en la formulación de normas que faciliten el cumplimiento del protocolo definido por la Corte Constitucional en esta materia. Se trata precisamente de advertir temas que a nuestro juicio deben fortalecerse para blindar el proceso y facilitar la ponderación entre los derechos a la seguridad y erradicación de la criminalidad, y los de salud y ambiente sano.

Entre los temas mencionados están el de definir más claramente los esquemas y mecanismos que aseguren la participación efectiva de las comunidades, especialmente de las poblaciones étnicas; generar una instancia técnica y autónoma, preferiblemente de orden internacional, que realice o valide los estudios necesarios en cuanto al uso del glifosato; mejorar los procedimientos para atención de peticiones, quejas y reclamos en caso de darse la aspersión aérea; articular esta estrategia con la política integral de erradicación de cultivos ilícitos, esto es, con todo lo que tiene que ver con sustitución voluntaria y generación de nuevas fuentes productivas, así como el desarrollo territorial en las regiones más apartadas del país. No se trata de oponerse a la aspersión sino de cumplir con los protocolos que ha exigido la Corte Constitucional.
ENS: ¿Hubo también un llamado al Gobierno para que derogara un decreto en hospitales ¿A qué se refiere?
FC: Se trata de expedir una nueva regulación que evite la contratación a dedo. En nuestras visitas a hospitales públicos del país hemos evidenciado que más de 90% de la contratación es directa o se da en procesos en que participa un solo proponente. Es esencial que en esta contratación pública rijan los principios de transparencia, selección objetiva y participación, pues se trata de garantizar la salud a los colombianos y de preservar el buen uso de sus recursos públicos. Solo en el primer semestre de 2019, las ESE gastaron más de 9 billones de pesos. Tenemos que proteger los hospitales, que son la columna vertebral del sistema de salud.