Cerca de 20 proyectos y decretos están pendientes de recibir fallo por parte de alto Tribunal.

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Esta semana la Corte Constitucional fallaría sobre al menos cinco de la veintena de decretos y leyes para la implementación del acuerdo de paz que llegaron a sus manos para su estudio tras ser expedidos por el presidente Juan Manuel Santos en uso de facultades extraordinarias, en el primer caso, y por parte del Congreso de la República, en el segundo de los casos.

En la Sala Plena de este miércoles tiene previsto pronunciarse sobre la Ley 1820 de 2016 acerca de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales; el proyecto de ley estatutaria número 003 de 2017 Senado-006 de 2017 Cámara acerca del estatuto de la oposición política; y el Decreto 898 de 2017 que le dio vida a la Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía General de la Nación.

La Ley de Amnistía tiene como objetivo cesar la acción penal contra los miembros de las Farc que decidan dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Además busca beneficiar a aquellos que no hayan cometido delitos graves mencionados en el punto cinco del Acuerdo final, entre ellos, el secuestro, el acceso carnal violento y, en general, los delitos de guerra y lesa humanidad.

La amnistía automática o de iure se concede por virtud de la Ley a los integrantes de las Farc que hayan cometido delitos políticos como la rebelión o los delitos conexos tradicionales reconocidos por la jurisprudencia penal en Colombia.

Para los miembros de la Fuerza Pública no hay amnistía ni indulto. En estos casos se aplicará la figura de renuncia a la acción penal, cuando se trate de delitos menores y de aquellos no relacionados con crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.

En cuanto al Estatuto de Oposición el magistrado Alejandro Linares, actual presidente del alto Tribunal, presentó desde el año pasado ponencia positiva, señalando que es acorde a la Constitución y a lo pactado en el Acuerdo Final con la Farc.

En igual sentido se había pronunciado previamente el procurador Fernando Carrillo en un concepto que sobre el particular hizo llegar al Tribunal constitucional, señalando que no hubo vicios en el trámite en el Congreso de la República y que el contenido del proyecto de ley tiene conexidad con la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc en materia de participación política y de garantías para la oposición política y, en particular, de los movimientos políticos que se creen tras la desmovilización de la guerrilla y en asuntos como el acceso a medios.

“La Procuraduría quiere resaltar que dichas prescripciones desarrollan el sentido del Acuerdo de Paz en torno a la creación de medios para la participación política diferenciada de la oposición”, dice dicho concepto.

Más normas

En la sala plena del jueves próximo la Corte Constitucional tiene en el orden del día pronunciarse sobre el Decreto 277 de 2017 que expidió el presidente Santos Calderón en el marco de las facultades extraordinarias que recibió para la implementación de algunos aspectos del acuerdo de paz, el cual estableció el procedimiento para la Ley de Amnistía.

También figura en el orden del día pronunciarse sobre el Decreto 588 de 2017, por medio del cual se crea la Comisión de la Verdad, Convivencia y no Repetición, en lo que tiene que ver con su naturaleza jurídica, estructura, organización y funciones.

Entre las normas para la implementación del acuerdo de paz con las Farc que está pendiente de pronunciarse la Corte Constitucional están el Decreto sobre la Comisión de la Verdad, el Decreto de Habeas Corpus, el Decreto tratamiento especial a miembros de Fuerza Pública, el Decreto Sistema de Defensa Técnica de las Fuerzas Militares, el Decreto Restructuración de Fiscalía, el Decreto Tierras, el Acto Legislativo 3 sobre curules para las Farc, la Ley Orgánica de la Unidad Nacional de Protección, el Acto Legislativo 4 sobre regalías, el Acto legislativo 5 para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado y el Decreto sobre de bienes de las Farc.