La creación de nuevas salas o secciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría interpretarse como mecanismo para garantizar impunidad de responsables de los crímenes, sostuvo este jueves James Stewart, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Stewart dijo en Bogotá que "la creación de una sección y de un procedimiento separado para las Fuerzas Militares, que los separe del marco existente de la JEP, creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente".

El funcionario judicial internacional advirtió que la Fiscalía de la CPI ha estado siguiendo desde el primer momento el proceso de radicación y discusión del proyecto en el Congreso y que la titular de esa instancia global, Fatou Bensouda, “debe averiguar si las iniciativas recientes, si se pusieran en práctica, pudiesen tener un impacto por la agresividad de los posibles cambios".

"Nos planteamos las siguientes preguntas", comentó Steawart: “¿Mientras existe un sistema de justicia transicional podría entenderse la creación de un sistema paralelo como un injerto de sus tareas a los actores de su responsabilidad penal? ¿Podría la creación de las secciones especiales representar un retraso sustancial en el inicio o la continuación de los procesos que pueda ser imbatible de llevar a los responsables a la justicia? ¿Podrían las restricciones sobre el alcance y la minuciosidad de las investigaciones sobre crímenes complejos obstaculizar procesos genuinos diseñados para establecer la verdad? ¿Podría el enfoque diferente poner en duda la independencia e imparcialidad de las secciones especiales? ¿Podrían otorgarse beneficios y conceder libertades a las personas que se hayan sometido a esta justicia especial, sin haber cumplido con medidas como la confesión de los hechos o el reconocimiento de la responsabilidad?".

Según Stewart, la fiscal Bensouda "es plenamente consciente de que los magistrados de la JEP son independientes y autónomos en su capacidad para interpretar la legislación aplicada y respeta su independencia y objetividad", pero explicó que "hoy toco estos temas que acabo de mencionar porque son los que causan preocupaciones. Las medidas de justicia transicional deben estar en conformidad con el Estatuto de Roma".

"Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera", recomendó Stewart.

“Lo aprobado viola independencia de JEP”

A través de un comunicado, el Consejo Político Nacional del partido Farc consideró que, aunque no prosperó la creación en la JEP de una sala especializada para juzgar militares, “lo cierto es que el nuevo proyecto aprobado establece ‘grupos de magistrados’ en la JEP que ‘trabajaran de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y de agentes del Estado’, lo que en la práctica supone la conformación de salas y secciones de la JEP separadas para miembros de la Fuerza Pública y agentes el Estado”.

Además, para los dirigentes del partido Farc, “el proyecto aprobado acaba con la independencia e imparcialidad judicial de la JEP al incorporar 14 magistrados a cada sección y sala de la JEP –frente a los seis magistrados y magistradas que cada sección o sala tienen de media actualmente– elegidos por órganos del Estado que han sido parte de la institucionalidad del Estado durante el conflicto armado”.

“Es decir, la institucionalidad del Estado elegirá a los nuevos magistrados que juzgarán a los miembros de dicha institucionalidad del Estado que tengan responsabilidades derivadas del conflicto”, anotaron los integrantes del Consejo, señalando la “falta absoluta de imparcialidad que se aprueba cuando ya entró en vigencia la JEP conculcando el principio de competencia del juez predeterminado por la ley”.