Los Obispos de la Región del Pacífico y Suroccidente de Colombia, adscritos a la iglesia católica, le pidieron al gobierno colombiano que busque mecanismos para impulsar un acuerdo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Mediante un comunicado de prensa, los obispos también le solicitaron al Gobierno que establezca medidas para que el grupo criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras estructuras similares se acojan de forma colectiva a la justicia.

“En el comienzo del nuevo año, en medio de la zozobra en la que viven tantos ciudadanos colombianos, reafirmamos la necesidad de encontrar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado”, mencionaron los obispos.

Los religiosos expresaron que en la zona del Pacífico y suroccidente de Colombia se ha agudizado el conflicto armado durante los últimos meses. Mencionaron que entre las principales víctimas de la guerra se encuentran las comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en el municipio de Bojayá, en las zonas del Bajo Atrato y Urabá, y en las cuencas de los ríos San Juan y Baudó en el departamento de Chocó.

En su comunicado, los religiosos también alertan por el conflicto que se vive en la población de Raposo en inmediaciones del municipio de Buenaventura y en los municipios de Nuquí en Chocó; Magüí Payán y Satinga en Nariño, y Puerto Guzmán en Putumayo

“En diversos momentos hemos advertido sobre las dificultades que viven muchas personas en el territorio del Pacífico y Suroccidente, y hemos solicitado al Estado colombiano una solución integral que resuelva las causas estructurales que están en la raíz de la crisis humanitaria”, mencionaron los integrantes de la iglesia católica.

Los obispos pidieron, además, la protección de las comunidades y líderes sociales, como Leyner Palacios, que se han visto afectadas por el conflicto armado. Le solicitaron al Gobierno, a su vez, “atender las alertas por posibles situaciones de connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con grupos ilegales”.

Las comunidades que viven en las riveras de los ríos de Bojayá, que desembocan en el río Atrato, han denunciado que en sus poblaciones se vive una guerra desde mediados del año pasado entre las AGC, también conocidas como Clan del Golfo, y el ELN por las rutas del narcotráfico.

Los enfrentamientos entre los dos grupos han generado que desde agosto pasado unas 10.000 personas de las comunidades indígenas y afros que viven en zona rural del municipio sufran de confinamientos o desplazamientos, según datos de la Alcaldía de Bojayá conocidos por la Agencia Anadolu a finales de noviembre.

Las poblaciones expresaron en noviembre, además, que en la zona no se presentaban desplazamientos forzados desde hace 15 años y que la vida de las comunidades está en constante riesgo debido a la alta probabilidad de quedar en medio de un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo.