Mientras las autoridades internacionales señalan a la compañía Odebrecht de haber pagado en sobornos US$788 millones en doce países de América Latina y África, ayer se conoció que la multinacional brasileña le está reclamando al Estado colombiano $3,8 billones (US$1.300 millones) por la supuesta expropiación de sus recursos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demostró el pago de coimas de la firma para obtener cuantiosos contratos de obras de infraestructura. El grupo empresarial había creado un departamento especializado en la compra y pago de favores que, según la justicia estadounidense, resultaba un buen negocio. Cada dólar “invertido” en sobornos producía US$12 en contratos.

Esa estimación se basa en más de 100 proyectos ejecutados o en marcha en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, más los africanos Angola y Mozambique.

Odebrecht quedó en el centro del escándalo de corrupción que estalló en Brasil con la investigación ‘Lava Jato’ y salpicó a varios países de la región, donde ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina, llevando a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.

La Fiscalía General dijo que en Colombia esa empresa pagó en sobornos $84.000 millones.

Según la multinacional, el Gobierno colombiano hizo una expropiación ilegal de sus intereses en el país, específicamente en la Ruta del Sol.

Sobornos

Si bien la compañía brasilera reconoció que hubo sobornos en la adjudicación de esta obra, indicó también que se trató de acciones de algunos de sus directivos y que Colombia incumplió el acuerdo que firmó con España para proteger la inversión internacional.

La justicia colombiana ha enviado a la cárcel a empresarios, políticos, funcionarios públicos y otras personalidades del país por haber aceptado sobornos de Odebrecht que buscó favorecimiento de contratos para realizar obras de infraestructura.

Ese escándalo tiene hoy en prisión a Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de 2014 del actual mandatario, porque según la Fiscalía "solicitó cerca de US$450.000 a Odebrecht a través del Fondo Financiero, porque tenía saldos en rojo en la financiación de la campaña presidencial de 2010" en la cual también había trabajado.

El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera, sostuvo que la constructora Odebrecht pretende reclamar una indemnización por la supuesta expropiación de sus recursos. “Por ahora el proceso está en una predemanda y están alegando una expropiación indirecta”, dijo.

Agregó que desde la entidad se están analizando todas las acciones que “se van adelantar y defendernos de estos procesos que son abusivos y se analizan todas las opciones. Lo que sí podemos garantizar es que el Estado colombiano tiene la mejor defensa posible”. Asimismo precisó que un proceso de defensa en estos casos puede costar entre US$4 y US$5 millones.

¿Protección?

El director de la agencia indicó que efectivamente el Estado colombiano fue notificado de una noticia de arbitramento, alegando una serie de hechos para pedir una reparación.

Para el director jurídico, Colombia sí está obligado a aceptar dicho arbitraje, teniendo en cuenta que está suscrito en varios tratados de protección de inversiones. Afirmó que la demanda de la multinacional brasileña no es la única que tiene Colombia, puesto que existen quince de este estilo, pero la mayoría de ellas sin justificación alguna.

Calificó el sistema de arbitramento de inversiones como “una tierra de nadie jurídica”, dado a que según él permite que los inversionistas de manera abusiva como en muchos casos, demanden al Estado.

El procurador Fernando Carrillo reaccionó con indignación ante la noticia argumentando que si se impidió que Odebrecht siguiera sobornando, Colombia debe defenderse “con todas las herramientas legales internacionales, porque aquí lo que hubo fue una operación del crimen organizado internacional”.

“¿Qué están creyendo estos señores? Les quedamos debiendo después de todos los delitos que se han dado en el marco de una de las operaciones más corruptas en toda América Latina”, afirmó Carrillo, agregando que “esto es el mundo al revés”.

Mientras tanto, la exsenadora Claudia López, de la Alianza Verde, dijo que precisamente con la Consulta Anticorrupción que se votará el 26 de este mes “contratista corrupto, contratista al que se le cancelan todos los contratos unilateralmente, sin ninguna indemnización y nunca más se le vuelve a contratar”.

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, anotó por su parte que "el carácter leonino contra los países como Colombia de los tribunales internacionales de arbitramento está demostrado hasta la saciedad".

El congresista también explicó que actualmente el Consorcio Ruta del Sol 2 no tiene ninguna sanción del Estado colombiano.

“Lo he explicado hasta la saciedad. Así se la ingeniaron en Colombia. También lo he denunciado. Y con este ya van dos tribunales entre iguales: Colombia con los pillos”, manifestó Robledo, quien indicó que “en Colombia, con la Ley 1882 del año pasado, los mismos prepararon el reclamo del tribunal de arbitramento que se tramita en Colombia con Odebrecht”.

Las pretensiones de Gas Natural

Las pretensiones de la compañía española Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy), en su demanda contra el Estado colombiano, ascienden a US$1.626 millones, según se conoció. Esta suma es mayor a la estimada al inicio del pleito jurídico cuando Fenosa habló de una suma de US$1.000 millones.

La multinacional solicitó el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia la suma en mención por el proceso de intervención que adelanta el Estado contra Electricaribe.  

Según trascendió, la empresa argumentó que hubo una “expropiación” de su filial de comercialización de energía en la Costa Caribe, por lo que piden esa suma.

El pasado 15 de junio la compañía española presentó sus alegatos y fue cuando aumentó el valor de la demanda, pues ese era el plazo que tenía para actualizar los datos.

La demanda se origina por la protección a las inversiones que surgen de Tratados de Libre Comercio que son suscritos entre algunos países como, por ejemplo, Colombia y España.

Frente al tema, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que la decisión de la multinacional es “inaudita” y resaltó que Colombia tiene a la Agencia Nacional de la Defensa del Estado para que prepare acciones legales en la “protección de los intereses nacionales”. El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, consideró como una afrenta al desarrollo competitivo del Caribe la demanda de Fenosa. El mandatario enfatizó que “el cinismo es increíble y no tiene límites”.