Un nuevo rechazo frente a los desplazamientos forzados y “graves afectaciones que sufre la población civil” de diferentes veredas de Cáceres y Tarazá (Antioquia) y San José de Uré (Córdoba) generadas a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, expresó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA).

“En Cáceres, los enfrentamientos y amenazas de nuevos enfrentamientos entre estructuras armadas por el control ilegal del territorio han provocado el desplazamiento de cerca de 1.500 personas, desde mediados de enero hasta la fecha, según cifras de la Alcaldía. En Tarazá, la MAPP/OEA ha tenido conocimiento del desplazamiento de más de 50 personas. Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas del pueblo Zenú se han desplazado hacia el casco urbano, y en menor medida hacia Caucasia y Medellín. También se registran violaciones de derechos humanos en San José de Uré, sur de Córdoba”, indicó en un comunicado la Misión.

Indicó que ha constatado en terreno que las hostilidades entre grupos ilegales continúan y, con ello, las afectaciones a la población civil. Además del desplazamiento, también se registran homicidios y confinamiento de comunidades intimidadas por el accionar de estructuras ilegales.

“En el marco de su mandato, la MAPP/OEA ha dado a conocer de manera oportuna al Gobierno nacional los escenarios de afectación que están sufriendo las comunidades del Bajo Cauca y del sur de Córdoba”, señaló.

La Misión reconoce las acciones y esfuerzos que la institucionalidad está adelantando en el país y en la zona, pero le preocupa que los hechos de violencia y victimización continúen o aumenten en el futuro cercano en estos territorios. También preocupa la emergencia social y humanitaria que enfrentan las poblaciones desplazadas, así como la capacidad local para atenderla de manera oportuna e integral.

“En este sentido, la MAPP/OEA renueva su llamado al Gobierno nacional para brindar garantías efectivas de prevención de afectaciones, protección de la población y garantías de no repetición para esta población, históricamente afectada por la violencia armada y criminal. Asimismo, a las autoridades regionales y a la comunidad internacional para aunar esfuerzos tendientes a aliviar las difíciles condiciones de desarraigo”.

Agregó que la Misión continuará en el territorio acompañando a las comunidades e instituciones para articular esfuerzos tendientes a encontrar salidas a las graves afectaciones que tienen lugar, y para fortalecer las iniciativas de construcción de la paz que todos anhelamos.

Una semana atrás, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos -ONU Derechos Humanos- y la Agencia de la ONU para los Refugiados –Acnur- manifestaron su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y las violaciones de derechos humanos que se han presentado en las últimas semanas en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

“ONU Derechos Humanos y ACNUR manifestamos nuestra preocupación por la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y  comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia), que hasta la fecha y desde el 19 de enero del presente año ha afectado por lo menos a 822 personas, (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes).  Estos hechos reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario”.

A su vez, añadió que “quienes suscribimos este comunicado expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior”.

También esta semana el Consejo Noruego para Refugiados alertó por la emergencia humanitaria que se vive en municipios antioqueños del bajo Cauca donde 1,484 personas se han desplazado desde la zona rural hacia la cabecera urbana del municipio de Cáceres.

El organismo internacional dijo que es urgente la protección colectiva de las comunidades indígenas y campesinas que han sido recientemente afectadas.